La “iniciativa” fue presentada por el diputado Esper y pretende cobrar los estudios superiores a todos los estudiantes sin residencia en el país.
En la Universidad Nacional de Salta estudian entre 240 y 250 alumnos extranjeros. No llegan ni al 0,6% del total. Con ese número, casi irrelevante en términos estadísticos, los libertarios salteños pretenden justificar un proyecto para arancelarles la educación superior. La desproporción es tan evidente como el desconocimiento legal que sostiene la iniciativa.
El proyecto, impulsado por el diputado de Orán, Alejandro Esper, apunta a que cualquier estudiante sin residencia en el país deba pagar por cursar estudios superiores. En diálogo con El Tribuno, plantea explícitamente que la iniciativa busca que “los extranjeros sin residencia abonen por sus estudios” y se enmarca en la idea de que el sistema actual resulta injusto para los contribuyentes locales.
Incluso sostiene que el objetivo es “terminar con los privilegios” de quienes acceden a la universidad pública sin aportar al financiamiento del Estado.
El “problema” es que la Universidad Nacional de Salta (UNSa) no depende de la provincia, ni política ni administrativamente. Las universidades nacionales se rigen por la Ley de Educación Superior N° 24.521 y forman parte del sistema universitario nacional. Es decir, una legislatura provincial no tiene facultades para imponerles condiciones académicas, administrativas ni arancelarias. Pretenderlo no es audacia política, es ignorancia institucional.
Pero incluso si el planteo no fuera jurídicamente inviable, el diagnóstico que lo sustenta es, como mínimo, forzado. No hay “avalancha” de estudiantes extranjeros, ni presión sobre el sistema, ni recursos desbordados por la demanda internacional. De hecho, la propia nota reconoce que la medida apunta a “extranjeros sin residencia”, es decir, un universo todavía más acotado dentro de ese ya reducido 0,6%.
Lo de Esper, en este caso, no es más que una construcción discursiva que convierte un dato menor en un problema artificial para instalar agenda.
La contradicción, sin embargo, es todavía más profunda: los mismos sectores que ahora apuntan contra estudiantes extranjeros no tienen reparos en promover o acompañar esquemas que facilitan la entrega de tierras y recursos a empresas extranjeras e incluso a Estados, como se plantea desde La Libertad Avanza a nivel nacional. Ahí no hay discursos encendidos sobre soberanía. Ahí no hay urgencia legislativa. Ahí hay entrega.
El blanco elegido tampoco es casual. Es más fácil pegarle a un puñado de estudiantes de países limítrofes que discutir el modelo económico que deja a las provincias dependiendo de capitales externos. Es más rentable instalar la idea de que “nos vienen a sacar” algo que explicar por qué, en paralelo, se habilitan negocios que efectivamente transfieren riqueza y control fuera del país.
La iniciativa de Esper expone varias cosas: un desconocimiento básico del funcionamiento del sistema universitario, una mirada sesgada sobre la integración regional y una coherencia política cada vez más difícil de sostener.