El Gobierno analiza la decisión en medio del reclamo del sector a nivel nacional por paritarias y para que se garantice el envío de fondos nacionales a las provincias. Ctera se reúne el jueves para definir eventuales medidas de fuerza.
En los últimos días se conoció que el Gobierno nacional evalúa declarar la educación como un “servicio esencial”, a pocos días del inicio de clases en todo el país y de la realización del congreso nacional de Ctera. Allí los gremios docentes resolverán el camino a seguir ante la falta de convocatoria a paritaria del sector y la decisión del Ejecutivo de no enviar a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Se busca así poner en vigencia los artículos del DNU 70/2023 que modificaban la ley laboral argentina, y que la Justicia suspendió al declarar su inconstitucionalidad por vulnerar el derecho a huelga. Cabe remarcar que todo da en medio del reclamo para que se convoque a paritarias del sector docente a nivel nacional y que se garantice el envío de fondos nacionales a las provincias.
En este contexto, un grupo de sindicatos del magisterio advirtió este martes: “Sin paritaria nacional los gremios docentes convocamos al paro en defensa de la Educación”.
Asimismo, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) llevará a cabo este jueves, a las 11, un Congreso Extraordinario en la sede del gremio para definir eventuales medidas de fuerza que se conocerían este jueves.
A pesar de las diferentes versiones, el presidente Javier Milei descartó el viernes pasado que el Gobierno fuese a convocar a paritarias nacionales al señalar que las negociaciones dependen de las provincias. “¿La educación de quién depende? Es un problema que tiene que resolver las provincias, ¿qué tengo que hacer yo como Nación metiéndome? Es un problema que tienen que arreglar las provincias. La educación, la seguridad y la salud es responsabilidad de las provincias”, dijo en declaraciones radiales.
DNU
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 fue suspendido por la Justicia en varios artículos, entre ellos el que incorporaba a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, los servicios de cuidado de menores y la educación especial como “servicio esencial”.
De esta forma, el Gobierno buscaba establecer que en ningún caso se podía “negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”.
Este intento por parte del Gobierno nacional quedó sin vigencia luego del amparo interpuesto por la CGT y tras el fallo de la La Sala de Feria de la Cámara del Trabajo que declaró inconstitucional ese apartado del DNU.
La modificación debería analizarse en el Congreso mientras que desde el gremio advirtieron que el accionar del Gobierno nacional “se inscribe en la ofensiva dirigida a intentar la destrucción de la educación” en un comunicado publicado el pasado miércoles 14 de febrero.
Con información de Télam