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viernes, noviembre 13, 2026

Corporativismo y blindaje judicial | Rechazan la apelación para que se informe los sueldos de la Corte de Salta

La Corte de Justicia de Salta seguirá sin informar un dato del que no debería avergonzarse: el sueldo que cobran sus integrantes. El órgano que debería ser garante de la transparencia y la ética termina consagrando un manejo sombrío sobre sí mismo.

En fallo dividido (cinco votos contra cuatro) la Corte ad hoc, resolvió rechazar el recurso de apelación que interpusimos contra la sentencia que rechazó la acción de amparo que iniciamos para conocer los sueldos de los Jueces de la Corte. Con esa decisión esa información continuará siendo secreta.

Los antecedentes del caso

El 11 de agosto de 2020, ante la negativa de la Corte a proveer información relativa a las remuneraciones percibidas en los últimos dos años por los Jueces de la Corte de Salta, desde la ONG Salta Transparente se interpuso una acción de amparo ante el Juez Leonardo Araníbar, Vocal de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

En forma posterior a la demanda, el Poder Judicial comenzó a publicar en su página web las escalas salariales de su personal, incluidos los magistrados.

A pesar de que la publicación no informaba el total de los ítems percibidos, ni permitía conocer con certeza los montos, el juez del amparo, Dr. Leonardo Araníbar rechazó la acción y se formuló una apelación. Dada la materia del litigio, fue necesario constituir una Corte ad hoc, enteramente conformada por camaristas de distintos fueros.

La sentencia de la Corte Ad Hoc

El 11 de agosto se comunicó la sentencia dictada por los nueve jueces subrogantes. Por una ajustada mayoría de cinco jueces contra cuatro, la apelación fue rechazada. Los jueces que votaron por el rechazo son los camarista civiles Alejandro Lávaque y Sergio Petersen, y los jueces del Tribunal de Impugnación Rubén Arias Nallar, Ramón Medina y Pablo Arancibia.

En favor de la apelación y en consecuencia a que se ordene a la Corte de Justicia dar a conocer sus sueldos, votaron los camaristas civiles Verónica Gomez Naar, Alfredo Gómez Bello, Guadalupe Valdés Ortiz y la camarista laboral Constanza Espeche.
El fallo es extenso. El núcleo de la discusión estuvo en determinar si la publicación efectuada por el Poder Judicial podía considerarse como suficiente y completa, teniendo en cuenta el pedido efectuado por Salta Transparente.

Los votos de los jueces que se opusieron.

Teresa Ovejero, presidenta de una Corte que oculta

Varios de los votos tuvieron en consideración las manifestaciones que la Dra. Teresa Ovejero realizó en una entrevista poco después de dictada la sentencia de primera instancia. En esa entrevista, la flamante Presidente de la Corte informó que, además de lo que surge de la página web, los jueces de Corte perciben adicionales por distintos motivos, como por ejemplo, precisamente, ocupar la Presidencia, o integrar el Tribunal Electoral.

Este reconocimiento público de la Presidente de la Corte de Justicia da cuenta acabada de que los datos provistos por la página web no son completos, y que por tanto no responden adecuadamente al pedido efectuado. Sin embargo, los jueces que votaron por el rechazo de la apelación fundaron sus votos en cuestiones como: a) el supuesto carácter “personal” de los datos solicitados, que eximiría al Poder Judicial de la obligación de publicarlos (Dr. Arias Nallar), o b) que la publicación ostenta “contenidos mínimos suficientes” (Dr. Arancibia).

Los cuatro jueces que votaron por acoger la apelación y por tanto hacer lugar a la demanda en todas sus partes coincidieron, precisamente, en destacar que el Poder Judicial no había demostrado, ni siquiera alegado, que la información publicada respondiera de manera íntegra nuestra solicitud de información. En este sentido, estimaron que las declaraciones de la Dra. Ovejero no podían obviarse.

Los cuatro jueces de la minoría destacaron la diferencia entre la llamada “transparencia activa”, que es la obligación legal de mantener publicada y disponible cierta información, y la obligación de proporcionar información a requerimiento de los ciudadanos.

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