Las fricciones entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, admitidas públicamente por el Procurador Abel Cornejo, generan un marco para que la Justicia no se atreva tocar a los referentes políticos comprometidos. Los cortocircuitos y la pugna interna.
La secuencia de los hechos es una crónica que confirma una tensión entre dos organismos que a la postre, termina beneficiando a la ralentización del avance de las investigaciones y el eventual castigo a los culpables, veamos:
* El pedido de detención del exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo (imputado entre otros delitos por un faltante de $84 millones de la Municipalidad), fue dispuesto por la fiscal interviniente, Verónica Simesen de Bielke, el jueves 22 de octubre.
* Al día siguiente, la fiscal no tenía ninguna notificación de respuesta a la solicitud, de hecho, declaró públicamente sobre la posibilidad de que se haya rechazado el planteo.
* Al mediodía del viernes 23, la saga tuvo un momento épico. La Jueza de Garantías, Sandra Espeche, juntó a las partes para una audiencia a la que asistió el imputado, Manuel Cornejo, con su abogado y la fiscal. Luego de eso, la jueza, como se sabe, no hizo lugar al pedido de detención y sólo dispuso medidas restrictivas.
Luego de ese episodio, que bien puede ser interpretado como un caso testigo, quedó claro que la incomunicación entre jueza y fiscal, fue mucho más que un rasgo gestual. Expuso de manera cruda lo que recientemente el Procurador General, Abel Cornejo, admitió recientemente:
“Nos encontramos con numerosísimos obstáculos y trabas. Creo que es necesario que el Poder Judicial actúe de común acuerdo con el Ministerio Público y donde nosotros no nos veamos impedidos de poder actuar. No hace muchos días, la Fiscal Simesen pidió la detención de un exintendente y ese pedido fue respondido con una citación a audiencia donde estaba el imputado en la causa con la fiscal, esa es una figura digna de Macondo. Esto no nos desalienta pero son cosas que nos duelen”, planteó Abel Cornejo en declaraciones radiales.
A modo de excusa
Sin dudas, lo expuesto por Abel Cornejo describe un hecho objetivo. Sin embargo, ello no puede ser asumido como la explicación a la impunidad que en Salta es mucho más que una sensación ante casos de corrupción.
De hecho, el actual Procurador viene de ser durante once años, parte de la cúpula del Poder Judicial. Por si fuera poco, uno de los integrantes de la Corte, Pablo López Viñals, fue durante el mismo período el Jefe de los Fiscales. Es decir que el entramado social y los vínculos estrechos entre el poder político, el Poder Judicial y el Ministerio Público, forman parte de las respuestas.
Es claro que la demanda social en Salta, ubica a la corrupción entre las preocupaciones secundarias, se entiende en una Provincia cuya zona más desarrollada (el área metropolitana) es la capital nacional del trabajo en negro. Pero en cuando la comprensión avance y asocie la pobreza con la corrupción reinante e impune, la situación se tornará insostenible.
No hay modo de crecer ni desarrollarnos como Provincia, con esas grotescas muestras de falta de calidad institucional.
(PRA)