Pese a los discursos encendidos, ningún dirigente opositor formalizó objeciones contra los candidatos de confianza de Sáenz para la Corte de Justicia.
El tiempo corrió, los plazos vencieron y nadie levantó la mano. Ni el diputado provincial José Gauffín ni el senador nacional Gonzalo Guzmán Coraita, ambos críticos en declaraciones públicas, se animaron a presentar una impugnación formal contra Martín Plaza y Martín Diez Villa, los nombres elegidos por Gustavo Sáenz para cubrir las vacantes en la Corte de Justicia. Mucho ruido mediático, cero expediente.
Durante semanas se escucharon advertencias sobre la gravedad institucional de designar a personas cercanas al poder político en el máximo tribunal provincial. Sin embargo, a la hora de accionar dentro de los mecanismos previstos por la ley, la valentía declamativa se evaporó. La oposición gritó desde la tribuna, pero dejó el campo libre en la cancha.
Este hecho refuerza la sospecha de un acuerdo tácito entre el oficialismo provincial y sectores de La Libertad Avanza en Salta. Se discute en público, pero se acuerda en privado. Se teatraliza la confrontación, pero se administra la gobernabilidad sin sobresaltos. Un pacto funcional para todos, salvo para quienes esperan controles reales.
Mientras tanto, el gobernador consolida posiciones estratégicas con la mirada puesta en su proyecto político personal. La posibilidad de una re-reelección exige un andamiaje institucional amigable. Colocar fichas propias en la Corte no es un detalle técnico: es una jugada de largo plazo. Blindaje jurídico antes que debate democrático.
Mientras tanto, en la calle, la ciudadanía atraviesa una realidad bastante menos sofisticada. Inflación persistente, salarios que corren detrás de los precios y una economía doméstica que obliga a elegir qué factura pagar y cuál postergar.