Luego de conocerse un video que muestra cómo un policía baja violentamente a un trabajador de un colectivo de la línea 2E, por no tener tarjeta, el repudio social no demoró en llegar. Por ese hecho, Defensa del Consumidor obligó a Saeta a dejar sin efecto ese tipo de acciones: ningún inspector podrá bajar a un usuario, tenga o no tarjeta mientras haya abonado el pasaje.
Un boleto de colectivo que aumenta mes a mes, y condiciones insólitas impuestas a los usuarios, son parte de las imposiciones que la empresa Saeta logró en el ultimo tiempo.
Pero todo terminó de explotar hace dos días, cuando se conoció un video en donde se puede ver cómo un policía baja a la fuerza a un usuario de la línea 2E. Lo que más levantó malestar fue que el hombre había pagado su boleto, pero no tenía en su haber la tarjeta.
Las repercusiones y el rechazo no se hicieron esperar y la noticia tuvo trascendencia nacional, lo que obligó a tomar medidas urgentes. Por tal motivo, la Secretaría de Defensa del Consumidor ordenó a la empresa Saeta a no bajar a ningún pasajero, tenga, o no, la tarjeta en su poder al momento del control.
El organismo dirigido por Carlos Morello emitió una resolución que prohíbe a la AMT y a Saeta cualquier acto que represente hacer descender de una unidad a un pasajero. Fue rapida la acción de Morello aunque es claro que en su denuncia dejó por fuera del analisis a la responsabilidad política del gobernador.
No está de más decir que durante el gobierno de Urtubey, no solo se dieron millonarios subsidios a Saeta, sino que las empresas dejaron de entregar boleto en papel.
Si bien no se dijo nada de la Policía, es inaudito pensar que una empresa privada pueda hacer uso de una fuerza pública a su gusto, por un hecho que no revestía ningún tipo de delito.
Las irregularidades de una empresa millonaria
A raíz del violento episodio, los usuarios se unieron en un solo pedido mínimo: que Saeta vuelva a entregar boleto papel, ya que de esa forma se aseguran que efectivamente el usuario pagó su boleto. Además de eso, los pasajeros cuentan con un comprobante que puede ser usado como un seguro, en el caso de que ocurriese algo.
Al respecto, una convocatoria comenzó a circular ayer en redes sociales. Un grupo de usuarios autoconvocados se llegarían hasta las puertas de la empresa para exigir la vuelta del boleto en papel.
Desde Saeta, no obstante, negaron que vaya a volver, alegando que de esa manera se reduce el impacto ambiental. Pero lo cierto es que una empresa que recibe subsidios millonarios por parte del Estado debería poder asegurarles a los usuarios algo mínimo, como lo es un comprobante.
Actualmente, el boleto cuesta $18, y a fin de año llegará a $26, lo que ya significa un golpe al bolsillo del trabajador, en una de las provincias con las cifras más alarmantes de desocupación y trabajo en negro del país.
El esquema de transporte acumula demasiadas quejas, y algo se debe hacer.
Por Alejandro Bustos