En el tramo final del juicio por el violento homicidio del operador político, la defensora oficial de los acusados, denunció que la etapa de investigación que estuvo a cargo de la fiscalía provincial fue “vergonzosa” “sin transparencia” y plagada de “irregularidades”.
Lejos de quedar en segundo plano o de estar ante un tema agotado desde lo informativo, el juicio por el asesinato de Darío Monges, estrecho colaborador de Benjamín Cruz, sigue arrojando conclusiones graves y alarmantes que apuntan a una parte del poder político de Salta, aunque éste opte por mirar para otro lado.
En la última jornada, tuvo lugar la audiencia de alegatos por parte de la defensa de los tres acusados, Catalino Bejarano y sus hijos David y Santiago, de la que estuvo al frente la defensora oficial Clarisa Galán, junto a las letradas Gala Poma y Luciana Cruz.
Clarisa Galán denunció que la primera etapa de la investigación, que estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal de Salta “fue vergonzosa”, entre otros aspectos porque “no tuvo transparencia” y se cometieron irregularidades tales como un allanamiento ilegal y la manipulación de celulares.
¿Benjamín Cruz protegido?
Galán recordó que cuando tuvo lugar el homicidio de Monges, al exsecretario de Seguridad, Benjamín Cruz, no se le peritó el celular, en momentos en los que la causa era investigada por la fiscal penal de Salta Rodrigo González Miralpeix.
A esta situación debe sumarse lo manifestado por el fiscal penal 2, ascendido a la Fiscalía de Impugnación, Ramiro Ramos Osorio, quien aclaró que en la causa provincial en la que está imputado Cruz (por el delito de ‘tráfico de influencias’), sólo se investiga su responsabilidad por haber permitido la visita de Monges al sicario Oscar “Cabezón” Díaz, sin que importe la razón de su visita y habiendo dejado de lado y sin investigación alguna, el contenido de los chats con Monges y los videos de Monges en casa del líder delictivo Cristian Gringo Palavecino.
Tal circunstancia deja en claro algo: cuando se escuchan manifestaciones tales como “hay que dejar que la justicia trabaje”, se lo dice bajo la certeza que el sistema judicial actuó deliberadamente con impericia o negligencia en el mejor de los casos, cuando no con un claro objetivo: evitar llegar a fondo.
Por si esto fuera poco, la abogada Clarisa Galán señaló otra irregularidad, en el plano de la investigación del Tribunal Oral Federal durante el juicio por el crimen de Monges, tampoco peritaron ninguna de las líneas de telefonía celular que usaba Benjamín Cruz.
Lo señaló la abogada defensora, al indicar que Monges tenía dos números a nombre de Cruz, pero de acuerdo al peritaje de la Gendarmería, con el contacto agendado como “Benja Cruz exclusivo”, no había conversaciones, por lo que infirió que pudieron haber sido borradas pero el dato no se puede corroborar porque se manipuló el chip del celular de Monges.
La crónica de la última jornada da cuenta de una contundente manifestación de la defensora que se desempeña en la Justicia Federal de Salta: “no se pueden negar las vinculaciones entre el narcotráfico y el poder político de salta”, (El Tribuno 29/11).
Absolución
Las abogadas defensoras de los acusados, solicitaron la absolución de los acusados, Catalino, David y Santiago Bejarano. Clarisa Galán puntualizó que “no hay pruebas directas, sólo indiciarias”, lo que consideró “peligroso”.
En relación a las pruebas odoríferas (basadas en el rastro de olor de los imputados en la escena del crimen), la defensora advirtió que las pruebas se realizaron en base a la descripción del testigo de identidad reservada sobre la posible ubicación de los Bejarano en la camioneta. También relativizó el hallazgo de ADN de Catalino Bejarano, ya que el hombre había manejado la camioneta de Monges el día anterior a los hechos.
En resumen, la defensa de los Bejarano apuntó a las peligrosas vinculaciones que tenía Monges, con el sicario Díaz, con el Gringo Palavecino, con Diego “Didi” Aquino (nexo entre el asesinado y Palavecino) y con el propio Benjamín Cruz, sobre quienes no se extendió la investigación y su posible responsabilidad en los hechos.