El triple femicidio en Florencio Varela, vinculado al narcotráfico, ilustra cómo y por qué el Estado ha abandonado sus funciones esenciales. Al dejar vacíos territorios enteros, permite que la psicopatía de diversas bandas manipule proyectos de vida, victimice a los vecinos y se apropie de los deseos colectivos.
Por Rodolfo Ceballos (*)
En la ciencia política contemporánea, se considera Estado fallido aquel que ha perdido su autoridad legítima, es incapaz de garantizar derechos básicos, y presenta rupturas profundas en el lazo social. En estos contextos, agentes ajenos a las instituciones oficiales y a la cultura comunitaria asumen el control territorial, generando un orden marcado por la resignación o el miedo psicológico de sus habitantes. Todo esto ocurre en un marco de violencia estructural y cotidiana.
El triple femicidio en Florencio Varela, vinculado al narcotráfico, ilustra cómo y por qué el Estado ha abandonado sus funciones esenciales. Al dejar vacíos territorios enteros, permite que la psicopatía de diversas bandas manipule proyectos de vida, victimice a los vecinos y se apropie de los deseos colectivos. Uno de esos deseos, nacido de la marginalidad social, es el sentimiento de pertenencia a una “zona liberada”, donde líderes ilegales —con rasgos psicopáticos— hacen simulacros de acciones para satisfacer demandas comunitarias de vieja data.
El psicópata, por definición, es un dominador del otro, ya sea mediante la violencia o la sutileza psicológica. Puede encarnar la figura de un líder que, bajo promesas reales o simbólicas, ofrece cuidados personales y sociales que el Estado ha dejado de brindar. En ese escenario, el rol estatal se vuelve frágil: las leyes del mercado —legal o ilegal— desplazan su función ordenadora y pacificadora. Esta retirada genera una marginalidad funcional que favorece el surgimiento de psicopatías de las masas, las que imponen un régimen de anomia barrial, donde todo es in ley.
La psicopatía delictiva busca transformar las subjetividades de quienes habitan en barrios marginales. La marginalidad no es solo una condición material, sino también una experiencia emocional y simbólica que moldea formas de ser, de vincularse y de resistir. Esta dinámica genera un individualismo de supervivencia —el “sálvese quien pueda”— que convierte al territorio en un espacio hostil. Uno de los efectos psicológicos más comunes que sufren estas subjetividades es la paranoia: la percepción constante del otro como una amenaza real o inminente.
Este miedo puede desencadenar violencia directa, estados de impunidad y la misma sensación de que la vida carece de valor. La retirada estatal no siempre es pasiva; en muchos casos, el Estado está cooptado por redes ilegales con mucha penetración ciudadana que desgastaron su presencia, sea por coacción o por una acción psicológica que hace líquida a sus instituciones y a funcionarios perfectamente elegidos. Esas redes provocan paranoia. Los vecinos advierten que son poderosas ya que pudieron hacer que el Estado se retire y las deje operar. La paranoia como síntoma colectivo, martiriza a la comunidad con un sufrimiento mental extremo. El temor se dirige a la ausencia de gobernanza, al goce perverso de los psicópatas por alcanzar sus objetivos materiales y de poder, sin límites.
Aunque las bandas ilegales, en su ejercicio de poder, proveen seguridad, alimentos y normas, igual la comunidad -con desigualdades profundas- permanece marginada, estigmatizada y sometida a privaciones políticas-institucionales. Incluso se le impone una servidumbre familiar que debe obedecer las órdenes de quienes mandan en el barrio. Las familias llegan a poner a sus integrantes al servicio de los designios de la ilegalidad. En la lógica de las bandas, el desacato se castiga con la venganza, pues el aparato psicopático ha convertido a los vecinos en mercancía funcional dentro de un mercado que sostiene su plan de ganancia y obediencia.
El rol del Estado es ser garante y protector social. Cuando el Estado entrega la comunidad a fuerzas del delito, no solo abandona los territorios: se retira del pacto moral que lo vincula con sus ciudadanos que, rehenes de la anomia social, de la paranoia por el miedo a las bandas, son presa fácil de los psicópatas. Y así las familias no pueden defender la vida humana, la dignidad y el principio de justicia, fundamentos irrenunciables de toda organización política.
(*) Periodista especializado en temas de psicología y salud mental