El abogado Roque Rueda, publicó un artículo sobre las últimas decisiones que tomó la Corte de Justicia de Salta y que generaron gran polémica. Entre muchos aspectos, el análisis del levantamiento parcial de la feria judicial a partir del lunes plantea un elemento muy interesante: el rol del Colegio de Magistrados y de la Asociación de Jueces.
Estas instituciones, cuando tuvo lugar el primer bocinazo de abogados, emitieron un comunicado conjunto rechazando el señalamiento de que se haya suspendido el servicio de justicia y ayer, presentaron una nota al presidente de la Corte solicitando la reapetura de tribunales.
Compartimos a continuación el análisis del Doctor Roque Rueda:
Una república democrática exige algunas cosas de sus funcionarios
Dos sobre todo: saberse iguales a los restantes ciudadanos y tener claro su carácter de meros administradores, no dueños, de lo público.
Justamente porque son iguales, y porque no son dueños de lo que administran, los funcionarios de una república tienen una obligación muy básica: DAR LA CARA.
Los funcionarios públicos, sobre todo los funcionarios que ocupan las más altas magistraturas, y más que nadie los funcionarios que ocupan la cúpula del Poder encargado de velar por la Constitución, no deben esconderse, no deben armar operaciones de prensa, no deben dedicar su tiempo – que pagamos todos – a armar triquiñuelas de comité.
El Estado y los funcionarios públicos tienen una obligación de verdad y una obligación de buena fe. Los funcionarios públicos no pueden – si respetan su investidura – buscar subterfugios para no dar la cara, buscar “salidas elegantes” antes que soluciones efectivas, armar operaciones de distracción o de disimulo en vez de contestar.
Desde hace un tiempo se observa en nuestra Corte de Justicia la repetición de un patrón que parece apartarse de estos principios básicos. La Corte no aparece, la Corte no responde, la Corte no comparece ni siquiera cuando se la cita a juicio. La Corte busca vías indirectas de sacarse el lazo cada vez que le cae cerca, y estudia minuciosamente como desorientar a la ciudadanía, en vez de contestar abiertamente a los requerimientos o críticas que se le hagan, como exigen la buena fe y el espíritu de una república.
Es una imagen muy triste esa de un tribunal, un máximo tribunal, escondiéndose, respondiendo oblicuamente, buscando “estrategias” que priorizan la imagen por sobre la función. Es muy triste ver actuar a los emisarios de la Corte, sean éstos otros magistrados, funcionarios de otros poderes del Estado, periodistas o medios de prensa, para permitir que la Corte se esconda como el avestruz.
Sin hacer ningún esfuerzo de memoria puedo citar tres casos recientes:
a) la Corte buscó modificar la constitución para lograr la inamovilidad de sus miembros, a través de una acción de inconstitucionalidad contra la propia Constitución. La acción no fue planteada por los Jueces de la Corte sino por la Asociación de Jueces.
El Presidente de la Corte se excusó, como el resto de los jueces, pero antes dio curso a la acción, la que debía ser rechazada inmediatamente, sin lugar a dudas, por motivos que la propia Corte había determinado al regular la Acción Popular de Inconstitucionalidad. Habría que ser demasiado ingenuo para creer que la acción no fue conversada antes con la Corte, o al menos con su Presidente.
b) la Corte se escondió detrás del Fiscal de Estado en el juicio que tuvo que iniciar mi amigo Gonzalo Guzmán Coraita, líder de Salta Transparente, porque el tribunal no quiso proveerle la información sobre los sueldos de sus integrantes.
Luego de meses de evasivas, cuando finalmente fue llevada a juicio no compareció, “aceptó” (o acordó) ser representada en juicio por el Fiscal de Estado lo que es simplemente una barbaridad, porque el Fiscal de Estado pertenece al Poder Ejecutivo y litiga todos los días, como parte, ante la misma Corte, contra cientos o miles de ciudadanos.
Mientras tanto, por fuera, la Corte publicó una grilla de salarios básicos, en una maniobra evidentemente orquestada para que la Fiscalía de Estado hiciera lo que hizo: pedir que se declarase abstracta la acción. Las estrategias, sin embargo, tienen sus límites: la publicación de ningún modo alcanza para contestar el pedido de Gonzalo Guzmán.
Por algún motivo no se quiere contestar un pedido tan simple. En el artículo 63 de la Constitución Provincial podría estar la clave, y el silencio autoriza a conjeturar. Lo que importa aquí es que una Corte cuyos miembros se considerasen iguales a los ciudadanos, meros administradores de lo público, y custodios de la dignidad de su investidura, se hubiera presentado en el juicio. Aunque sólo fuese para oponerse a la acción.
c) Una última muestra de esta manera de operar está fresquita: la Acordada 13211, por la que se dispuso la reapertura gradual y progresiva de la atención judicial.
Ayer 1 de octubre tomó estado público una nota de la Asociación de Jueces acompañada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios, por la que estas organizaciones solicitaban a la Corte una normalización gradual de la actividad judicial presencial.
Uno que ya tiene alguna experiencia en estas cosas no podía dejar de relacionar la presentación con la existencia previa de un amparo en curso, planteado por el Colegio de Abogados, con un objeto similar.
No era necesaria, tampoco, demasiada clarividencia para prevenir lo que vendría a continuación: la Acordada de la Corte, inmediata (del mismo día), haciendo caso al pedido, e invocando en sus considerandos la nota de la Asociación de Jueces y el Colegio de Magistrados, pero omitiendo nombrar la causa judicial en trámite, ni las numerosas gestiones previas del Colegio de Abogados. ¡La nota y la Acordada, reitero, del mismo día! Próximo paso: pedir que se declare abstracto el amparo del Colegio de Abogados.
Podría decirse: «¿Y cuál es el problema? En definitiva se hace lo que el Colegio de Abogados pide, o algo similar». El problema existe y es grave: tenemos una Corte que en vez de respetarse a sí misma, en vez de actuar como un Tribunal de Justicia, como órgano máximo de un Poder del Estado, con espíritu republicano, con buena fe y con verdad, anda constantemente buscando el subterfugio mezquino, la vía de escape infantil, el contragolpe político, la operación de prensa.
Tenemos una Corte que para realizar todo esto, busca aliados, protectores y emisarios. Y cuando una Corte de Justicia busca aliados, protectores o emisarios para “preservar su imagen” o para cualquier otra cosa, lo que hace es afectar su independencia e incurrir en prácticas corporativas. Y eso es gravísimo.
Una aclaración para concluir: arriba hablo de la Corte. Yo no puedo saber si todos los jueces de la Corte comparten esta manera de gestionar la imagen y el accionar del Tribunal. Lo que sí sé es que ninguno ha dicho nada que permita suponer que hay disidencias.
Los tres nuevos jueces (dos juezas y un juez) tienen una buena oportunidad para adquirir legitimidad de gestión, teniendo en cuenta los cuestionamientos que ha tenido su legitimidad de origen.