El Concejo Deliberante de Salta en su actual conformación, no se caracteriza por una fructífera labor legislativa ni tampoco por una destacada composición.
Pocos exponentes expresan la necesaria confluencia entre solvencia técnica, coherencia política, iniciativas y capacidad para plantearlas en el recinto y ante quien quiera oírlos. Esas características, son las elementales para ejercer de modo acorde la representatividad de los vecinos.
Esta semana se abrió una insólita e increíble polémica en el Concejo de Salta, al parecer los concejales del bloque oficialista “Unidos por Salta”, se ofendieron porque en la sesión del 7 de septiembre, la edil Emilia Orozco, solicitó a presidencia que haga cumplir el artículo 131 del Reglamento del C.D. en el que se hace referencia a las formas del uso de la palabra durante la sesión: “los concejales salvo autorización del presidente, no podrán leer sus discursos excepto el caso de datos u opiniones ajenas que sirvan de complemento ilustrativo a su exposición”.
Alicia Vargas es concejal del bloque saencista-bettinista “Unidos por Salta”, fue la encomendada de rechazar el pedido de su par Orozco, restarle valor porque no lo pidió una autoridad del Concejo y compararla con “una maestra con puntero”.
“Felicito a los concejales que tienen tanta facilidad de palabra, pero no todos tenemos la misma facilidad de palabra (…) quiero repudiar la actitud de esta concejal (…) debe considerarse que no todos somos iguales (…) tal vez si lo hubiera dicho quien presidía la sesión estoy muy de acuerdo, pero no de una par nuestra que nos llame la atención como si fuera una maestra con el puntero”, dijo Vargas en su breve intervención en la que además planteó que se debería modificar el reglamento.
En un minuto, Vargas, con el aval de muchos de sus pares, pronunció abundantes distorsiones: la primera de ellas es no haber comprendido el “espíritu” del reglamento del Concejo: la prohibición de leer tiene que ver con el ejercicio pleno de la representatividad del legislador al haber sido depositario de la confianza a través de la votación popular. Es decir, que sus discursos no pueden expresar ideas o intereses de terceros, se trata de no vulnerar un pacto de confianza entre quien se postuló y quienes lo votaron.
Como se ve, se trata de algo mucho más profundo que la “facilidad de palabra” y no sería saludable que por la ausencia de la misma, se reforme el Reglamento.
Por otra parte, la concejal oficialista cometió otra impericia al plantear que quien preside la sesión no es uno de sus pares, en efecto lo es y para ese rol fue electo por el Cuerpo en su conjunto.
Desde 2023, los concejales tendrán en toda la Provincia un mandato de cuatro años, sería importante que quienes se postulen para el cargo, tengan una comprensión mínima no sólo de cómo funciona el Concejo sino de por qué se decidió que así suceda, de lo contrario seguiremos poblando los escaños de parlamentarios que no parlan. (P.R.A.)