La universidad pública salió a cruzar sin rodeos a Nicolás Arce: sin pruebas, sin rigor y con mucho prejuicio, el show libertario chocó contra la realidad.
La polémica que encendió el diputado libertario Nicolás Arce, cuando pidió narcotests para docentes de la Facultad de Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, encontró una respuesta institucional: le pidieron “seriedad y evidencia”.
El legislador de La Libertad Avanza había justificado su iniciativa en supuestas denuncias de estudiantes, incluso apelando a descripciones como “movimientos espasmódicos” para insinuar consumo de sustancias en docentes. Con ese material, anunció su intención de impulsar controles, incluyendo narcotests en la sede de Tartagal.
La respuesta de la universidad nacional fue inmediata y, sobre todo, incómoda para el relato fácil. Desde la UNSa remarcaron que no existen denuncias formales que respalden semejantes acusaciones y reclamaron responsabilidad al momento de emitir afirmaciones públicas. En otras palabras: no alcanza con “me dijeron”.
El respaldo institucional a los docentes no fue solo corporativo, sino también político con la intensión de defender la autonomía universitaria frente a un planteo que, además de endeble, roza lo improcedente. Porque no se trata solo de lo que se dice, sino de lo que se habilita cuando se dice sin pruebas.
En ese contexto, la UNSa eligió correrse del barro discursivo y responder con lo que faltó desde el inicio: un mínimo estándar de responsabilidad pública.