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miércoles, noviembre 18, 2026

Destacan que el sistema acusatorio agilizó la Justicia Federal | ¿En Salta también?

El balance de la implementación durante los últimos seis años es positivo. En Salta, tras 12 años de reforma Código Procesal Penal, ¿se puede decir lo mismo?

El fiscal federal Carlos Amad, realizó en radio Infinito un balance del sistema acusatorio federal en el sexto año de su implementación en Salta y a la hora de trazar un balance, indicó: «es netamente positivo, desde todo punto de vista, positivo desde lo justiciable, positivo para la prestación del servicio de justicia, ahora las cosas son muchas más rápidas, no hay dilaciones innecesarias».

«No hay tanta burocratización en la tramitación de los legajos, es todo mucho más transparente», sostuvo Amad y definió: «el sistema es un éxito total»:

A la hora de describir el proceso, en el que la investigación recae sobre los fiscales, indicó: «nosotros llevamos las actuaciones desde el principio al final y el juez solo conoce de nuestro caso cuando pedimos la audiencia del control de detención o de cuando nosotros plantemos que ésta es la investigación que tenemos, es todo nuestro, el juez actúa como juez de garantías».

«Dentro del poder judicial también están divididas las aguas, los jueces llegan a la audiencia sin el previo conocimiento sin el previo conocimiento de las actuaciones y está la oficina judicial que es la que designa las audiencias y los jueces, es todo mucho más ágil que con el código anterior», señaló.

¿Y por Salta cómo andamos?

En nuestra provincia la reforma del Código Procesal Penal para incorporar el sistema acusatorio, comenzó a implementarse a mediados de 2012 de manera progresiva y en plenitud desde 2014.

En ese período, en el que los fiscales asumieron un rol protagónico en los procesos judiciales, hubo tres personas al frente de la Procuración General de la Provincia, cuya función relevante, es la de ser el jefe de los fiscales: Pablo López Viñals, Abel Cornejo y Pedro García Castiella.

En los procesos judiciales sólo se advirtió celeridad en procesos regulares y no tanto, en relación a hechos de corrupción, salvo el enjuiciamiento a algunos intendentes, pero no así ante las denuncias hacia funcionarios del Poder Ejecutivo, como por ejemplo la denuncia contra el exministro de Primera Infancia, Carlos Abeleira.

Si a esto se le suma la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en febrero de 2020, para ampliar la cantidad de integrantes de la Corte de Justicia y con la excusa de agilizar el servicio de justicia, el cuadro es preocupante y los registros dan cuenta de una conducta corporativa de funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público.

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