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martes, noviembre 29, 2022

Diputados | Solo el 29% de los Pedidos de Informes han sido contestados en 2022

De los pedidos de informes realizados a organismos y carteras de la provincia de diversa índole -desde Transporte, pasando por Juegos de Azar y distintos Ministerios- solo el 29% de los requeridos han sido contestados en 2022. Y los de 2021 no están mucho mejor, pues poco más de la mitad de los pedidos obtuvo respuesta (57%). A pesar de ello, en la Cámara de Diputados no avanza el proyecto que busca penalizar a funcionarios que no acaten estas instancias.

Son más de 30 los organismos provinciales a los que se les requirió informes y solo tres lo hicieron en su totalidad, el resto lo hizo parcialmente o directamente no respondió.

En un desglose por año, queda a la vista que en 2021, solo el Ente Regulador de Juegos de Azar, la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Turismo y Deportes, Salta Forestal y la Secretaria de Ingresos Públicos respondieron al 100% los pedidos de informes. El resto oscila entre el 20 y 80 por ciento, e incluso hay quienes no respondieron nada. Tal es el caso de la Casa de Salta en Buenos Aires, SAETA y la Secretaría de Recursos Hídricos.

En 2022 la cuestión empeora, pues si el año anterior los pedidos obtuvieron respuesta en un 57% de los casos, este año esa cifra se reduce casi a la mitad: 29%. Es decir, solo uno de cada tres pedidos de informe obtuvo hasta ahora, a falta de dos meses para que finalice el ciclo, una respuesta. En este caso, el 0% de respuesta le cabe al Coordinador Administrativo de la Gobernación, la Dirección General de Aviación Civil, el Instituto Provincial de Salud de Salta, el Instituto Provincial de Vivienda, nuevamente SAETA, la Secetaria de Personas Mayores; y la Secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas.

En tanto que solamente respondieron en su totalidad los pedidos de informe la Autoridad Metropolitana de Transporte, el Ente Regulador de Juegos de Azar (único organismo con respuesta perfecta en ambos años), y la Secretaría de Minería y Energía. En el resto de las lista oscila entre el 20% y 70%.

Dados estos números, cabe preguntarse por qué no avanza en la legislatura salteña el proyecto que reglamenta sanciones y multas para funcionarios públicos que no respondan pedidos de informe a las cámaras legislativas. Es así que la Comisión de Legislación General no dio siquiera tratamiento a la propuesta de Cristina Fiore, pese al reclamo de legisladores de falta de acceso a la información pública.

En diálogo con nuestro sitio web, Fiore consideró que es poco probable que se trate el proyecto. «Queda muy poco para que se trate el presupuesto 2023 que es lo último que se debate y nosotros tenemos muy poco cupo para el tratamiento de proyectos, así que no creo que salga igual vamos a seguir insistiendo porque consideramos que es fundamental para la institucionalidad de Salta», dijo.

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