El exjuez tiene entre sus antecedentes fallos claves sobre la educación religiosa en las escuelas salteñas, la cobertura de una obra social, el servicio del agua potable y la situación ambiental en torno al Río Arenales.
Antes de asumir al frente del Ministerio de Seguridad, Marcelo Domínguez se desempeñó en el ámbito judicial durante varios años. Desde esa esfera el exjuez ha dictado sentencias que podrían considerarse progresistas por cuanto hizo lugar a los reclamos ciudadanos ante diversas problemáticas.
Por ejemplo, en febrero de 2012, Domínguez dispuso que el Ministerio de Educación de la Provincia tenía que ajustar el dictado de la educación religiosa según los parámetros observados por el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales acerca de la libertad de conciencia.
Es decir, el entonces juez de la cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ordenó cesar la imposición de la enseñanza católica en las escuelas salteñas. Sin embargo, rechazó el pedido de quienes impulsaron el amparo colectivo para declarar la inconstitucionalidad de la normativa vigente sobre educación religiosa, algo que finalmente hizo la Corte Suprema.
Además, el ahora titular de la cartera Seguridad y Justicia intervino en un amparo colectivo promovido por los vecinos de los barrios que rodean al río Arenales que cruza la ciudad de Salta y que fueron afectados por la crecida en 2011. En dicha oportunidad, tuvieron que ser evacuadas cientos de personas de los barrios Ceferino, Santa Cecilia, 13 de Abril, etcétera.
Domínguez ordenó que se elaborara un plan de Manejo del Rio Arenales “con el objetivo de recomponer el ambiente, la prevención de daños y la mejora de la calidad de vida de quienes habitan a la ribera del cauce de agua”, según detallaron fuentes judiciales.
El exjuez también dispuso que la Municipalidad de Salta coloque carteles que indiquen que “El agua del Río Arenales no es apta para uso recreativo en contacto directo, ni puede ser empleada para consumo humano, ni aún con tratamiento convencional”, pues un informe del CIF detectó “valores excedidos en coliformes fecales y metales pesados (cadmio, plomo, cobre, cromo y cinc) por encima de los valores establecidos en la ley de metales peligrosos”.
Quienes viven en la zona del vertedero municipal San Javier ya habían denunciado una posible contaminación ambiental por la filtración de líquidos lixiviados. En una audiencia realizada en noviembre de 2019, Domínguez escuchó a las partes y prácticamente terminó eximiendo de responsabilidades sobre la apertura de la trinchera 4 a la entonces gestión municipal.
A su vez, y tal como recuerda Héctor Alí en Cuarto Poder, Domínguez emitió una resolución antes de asumir en el Gobierno con impacto directo en el Instituto Provincial de Salud (IPS): le ordenó la cobertura del tratamiento para un paciente de 82 años con patologías motrices y, además, exigió que le reintegraran los gastos que tuvo que afrontar.
Por último, resulta importante señalar el fallo por el cual Domínguez rechazó un amparo colectivo presentado por la Municipalidad de Salta en contra de Aguas del Norte y del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) “por lesionar el derecho convencional y constitucional del acceso al agua como derecho de incidencia colectiva y el derecho a la salud y un medio ambiente sano”.
Ahora, mientras espera la finalización del trámite de la jubilación, Domínguez tiene el desafío de aplicar su mirada judicial de corte progresista en el Ministerio de Seguridad y Justicia, una cartera que requiere de mucho más que patrulleros y cárceles para alojar detenidos.