El saencismo, a contramano de la transparencia, desplegará un show no vinculante en el Senado, la audiencia por el cuestionado auditor que omitió informar sobre el faltante millonario en la gestión de la exintendenta de Cerrillos. Pese a los graves antecedentes, será ratificado.
Este miércoles 4 de noviembre se realizará la audiencia pública previa a la consideración de la propuesta de designación del contador ÁNGEL JAVIER CANCINOS, D.N.I. 17.582.063 como miembro de la Auditoría General de la Provincia. Pese a que la Constitución establece que los auditores no pueden ser nombrados nuevamente, la comisión de Auditoría de Diputados, de mayoría oficialista, volvió a elegirlo.
De este modo, Cancinos estará en el Organismo de Control externo por un plazo de 15 años, lo que representa otra transgresión a la Constitución, que en su artículo 169 establece claramente que los auditores no pueden ser nombrados nuevamente y duran diez años en sus funciones.
Más allá de la objeción legal/constitucional, lo cual de por sí es grave, hay otro aspecto que invalida en términos políticos y -sobre todo- éticos a Cancinos, su rol de encubridor de la malversación de fondos públicos de la exintendenta y actual diputada saencista Yolanda Vega.
A Cancinos se le había encomendado auditar las cuentas del municipio Cerrillos durante 2023, el año en que dejaba el cargo Yolanda Vega tras no lograr ser reelecta. Su sucesor, Enrique Borelli denunció un faltante millonario en el área de Rentas durante la gestión de Vega, por lo que el trabajo de la Auditoría implicaba una enorme responsabilidad institucional y hasta penal.
Sabiendo de la situación, Cancinos se hizo cargo del control de las cuentas de Cerrillos del año 2023, aunque debía haberse excusado por su vínculo personal con Yolanda Vega y ese fue su primer acto de corrupción.
A posteriori, el expresidente de la Auditoría, Gustavo Ferraris, no avaló el informe de transición de Cerrillos elaborado Cancinos y lo hizo conocer en 2025. «La auditoría desde mi punto de vista fue incorrectamente planificada”, declaró Ferraris en su momento tras lo que informó que se designó otro auditor.
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COMPLICIDAD E IMPERICIA
El nuevo nombramiento de Cancinos, pese al espantoso antecedente de corrupción doble, por no excusarse y por elaborar un informe encubridor de la gestión de Yolanda Vega, es responsabilidad institucional de la comisión de Auditoría de Diputados, aunque todos saben que, al igual que en 2021, es el propio Gustavo Sáenz quien impulsa su designación.
Hace cinco años, el nombre de Cancinos para la Auditoría surgió luego de haberse reunido con Sáenz a pocos días de haberse hallado los restos de Gala Cancinos, la hija del auditor.
Pero si la comisión de Auditoría no cumple con la exigencia constitucional de que cuatro de sus siete miembros pertenezcan a la oposición, tampoco cumple con un requisito fundamental: que los diputados que la integran sepan de qué se trata.
En un primer momento, el presidente de la comisión, Fernando Albeza dijo con llamativa torpeza que la comisión se conformaba de forma proporcional a los bloques de la Cámara. Luego un exintegrante de la comisión, Gustavo Dantur, aseguró que el Reglamento de la Cámara estaba por encima de la Constitución.
Más tarde, la diputada oficialista Mirtha Miller, declaró que no conoce a Ángel Javier Cancinos y que tampoco conocía lo ocurrido con el informe de Cerrillos. Lo curioso e incoherente es que tanto Miller como Vega, fueron convencionales constituyentes e integraron las comisiones de Régimen Municipal y Organismo de Control, respectivamente.
En ese marco, con una ciudadanía agobiada por el deterioro económico, con auditores que incumplen su rol y se envalentonan porque pese a ello son premiados y una oposición que duerme larga siesta para plantear objeciones con firmeza, los fondos públicos de la Provincia están a merced de los corruptos.
Auditoría que no audita | El saencismo se sigue burlando del pueblo de Salta