El violento crimen que terminó con la vida de Edith Antonia Román no es un hecho aislado. Forma parte del abandono y la desidia que, en los hechos, degrada la dignidad humana de cientos de miles que ven pasar la vida con opresiones superpuestas.
El 13 de diciembre Edith, una joven de 17 años de la comunidad San Anselmo, en Santa Victoria Este, fue hallada sin vida en una zanja del paraje La Gracia, era hija del cacique de Betania, Reinaldo Román, quien desde el insoportable dolor, buscó fuerzas y prometió luchar hasta obtener justicia por su hija.
Edith presentaba traumatismo encéfalo-craneano, politraumatismos en distintas partes del cuerpo y heridas compatibles con abuso sexual. La causa del deceso fue asfixia por sumersión.
Cuatro jóvenes, apuntados como los autores del aberrante hecho, están detenidos. Uno de ellos es menor de edad. “… ya la venían siguiendo, o sea, golpeando, pegando, a veces llegaba llorando, voy a seguir en lucha para que estas personas estén tras las rejas», declaró el padre a la prensa.
Su testimonio da cuenta de algo, el aberrante abandono estatal para preservar, proteger y resguardar la vida y la integridad física de niñas y adolescentes indígenas. Sobre ellas, recae el padecimiento de una triple opresión, la pobreza estructural, la violencia de género focalizada y la indiferencia estatal, que comienza con policías que no les toman las denuncias de violación por parte de criollos (las que se busca disimular bajo la espantosa costumbre de llamar “chineo” a una violación en grupo).
Ese desprecio a la dignidad humana, tan insoportable que días atrás se propuso denunciar al Estado provincial ante tribunales internacionales por el abandono criminal, que conceptualmente no es más que un perverso etnocidio, se volvió a manifestar en Santa Victoria Este.
A la violencia de las amenazas se le sumó un ataque contra la integridad sexual de la joven Edith y a ello, un violento homicidio. No todo terminó allí, la actuación policial volvió a ser deficiente y ni hablar del deficiente servicio de justicia, como con otras tantas historias, pero a todo esto se suma como una apología a la humillación, el poco resguardo de la aciaga escena donde fue hallado el cuerpo de Edith.
Durante las horas posteriores al hecho, se divulgó en la comunidad la fotografía del cadáver. ¿La tomó un policía y la filtró, lo hizo algún integrante de la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, la tomó algún curioso que pudo acercarse hasta el sitio sin que nadie se lo impidiera? A esta altura, las dudas no hacen más que salar las heridas de un pueblo sufriente, sobre el que la desidia estatal parece ensañarse.
A Edith le apagaron sus sueños, el femicidio pone de manifiesto una realidad insoportable que se presenta como otro caso testigo de ese etnocidio sobre las comunidades indígenas.
“En el Chaco salteño se está produciendo un etnocidio dirigido por el Gobernador”