De manera paralela al proyecto de ley solicita autorización para un nuevo préstamo por 40.000 millones al Banco Macro, el Poder Ejecutivo resolvió poner fin al beneficio que eximía a las entidades financieras del pago de uno de los principales tributos provinciales.
El Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Fiscal, para eliminar la exención del impuesto a las Actividades Económicas, a las facturaciones de los bancos por los ingresos que perciben a través de los bonos Leliq y los plazos fijos emitidos por el Banco Central de la República Argentina.
Hasta aquí, esas operaciones estaban exentas del pago del mencionado impuesto provincial, que es una de las más importantes fuentes de recaudación y la decisión se sustenta en la necesidad de “obtener los fondos necesarios para el funcionamiento de las acciones estatales provinciales y garantizar la prestación de los servicios básicos a la comunidad”.
De este modo, el Gobierno provincial resuelve gravar una actividad financiera asegurando en el mensaje que acompaña al proyecto de ley, que no tendrá un impacto inflacionario, ya que no afecta a la economía real ni genera aumentos en los intereses o costos de los créditos bancarios.
No obstante, la decisión política implica un viraje en cuanto a los preceptos impartidos por Gobierno, toda vez que se resalta la “seguridad jurídica” y la no alteración de las reglas del juego en la Provincia. En efecto, la admisión de la necesidad de financiamiento genuino en un contexto de fuerte crisis, está expuesta con claridad. (PRA)