La abogada y exdiputada oficialista, formuló una presentación inconsistente en términos legales y técnicos y halló el beneplácito del polémico juez Soria, pero dictamen del fiscal ante la Corte, fue demoledor y dejó expuesta la maniobra.
El pasado 19 de marzo, el juez Víctor Raúl Soria, hizo lugar al recurso de amparo presentado por la abogada Liliana Mazzone, quien se posicionó como “armadora” de la lista 3, pero interpuso una acción judicial y logró suspender las elecciones en el Colegio de Abogados de Salta 48 horas antes de la fecha fijada oportunamente para los comicios.
Recientemente, Eduardo Sylvester, Fiscal ante la Corte Nº 1, fue categórico al dictaminar la nulidad de la presentación de Mazzone, basada en preceptos inconsistentes que sólo provocaron la suspensión de un ejercicio democrático por excelencia, como lo es la elección de autoridades de la institución.
En su presentación, Liliana Mazzone solicitó la inconstitucionalidad del artículo 147 de la ley 5.412 en cuanto establece que no podrán ser electores ni electos miembros del Consejo Directivo los colegiados que adeuden cuotas sociales. Sin embargo, el dictamen del fiscal indica que tales planteos “resultan abstractos y conjeturales, pues en ningún momento se alega ni prueba una afectación personal a su derecho de votar por el hecho de mantener deudas con el Colegio”.
Además, se indica que “del análisis del caso se verifica ante todo que la actora (Mazzone) omitió acreditar un derecho subjetivo lesionado con motivo de algún daño concreto e individualizado, actual o inminente, producido como consecuencia del actuar del Colegio”.
Ante esto, corresponde el interrogante sobre ¿cuáles fueron los verdaderos motivos por los que la polémica abogada, realizó una presentación con manifiestas inconsistencias y cómo o por qué, halló un pronto despacho por parte de un magistrado cuestionado y denunciado por violencia de género, como el juez Víctor Soria.
En el dictamen del doctor Sylvester, quien con claridad y precisión desentramó una maniobra judicial que encontró cierto beneplácito en la corporación judicial, indica que “en ningún pasaje del escrito inicial la presentante (Mazzone) expone de qué modo las supuestas irregularidades del proceso eleccionario afectarían sus derechos o garantías constitucionales en términos concretos”.
El cuestionado “criterio” de Soria
Víctor Raúl Soria, juez de primera instancia civil de personas y familia, quedó cuestionado una vez más, por haber hecho lugar a un amparo sin fundamentos ni sustento legal y suma una nueva mácula sobre su desempeño, ya que es recordado por desobediencia civil (el colmo de un juez) en una causa por violencia de género, interpuesta por la defensora oficial, Natalia Buira.
En esta ocasión, el fiscal ante la Corte, Eduardo Sylvester, fue categórico al indicar que Mazzone “no tenía legitimación activa para interponer la acción de amparo que dio origen a estas actuaciones”, por lo tanto “el juez carecía de las facultades jurisdiccionales suficientes para despachar la medida cautelar, por lo que corresponde declarar la nulidad de ese acto”.
En otro apartado, Sylvester deja en evidencia una actitud de “prejuzgamiento” por parte de Víctor Soria, al señalar que “el juez introduce dogmáticamente una serie de afirmaciones que en este estadio del proceso no se hallan acreditadas y resultan prematuras, incurriendo en un claro prejuzgamiento. Prueba de ello es la afirmación mediante la cual inicia su argumentación, en la que señala en términos conclusivos que ‘se puede observar con meridiana claridad la falta de cumplimiento de las disposiciones emanadas del Reglamento Electoral’, para luego describir aquellas supuestas irregularidades que dice haber observado, sin pruebas que lo acrediten y sin un análisis suficiente”.
El fiscal
En un contexto enrarecido generado por la respuesta inicial del Poder Judicial salteño, afectando e interfiriendo un proceso electoral interno de una importante entidad de la sociedad civil de Salta, cuya instancia se ajustó a derecho y no tenía otro propósito que honrar los principios democráticos, la aparición de un dictamen como el del fiscal ante la Corte, Eduardo Sylvester, no es un hecho menor y representa una bocanada de aire fresco después de mucho tiempo.
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