El dilema sobre posponer el calendario se reactiva luego del acuerdo en el Congreso Nacional ¿Magic Software también decide?
Esta semana, como las anteriores, la dirigencia política volvió a deliberar sobre la inconveniencia de realizar las elecciones provinciales el 4 de julio, plena época invernal y por si fuera poco, posiblemente en la cresta de la segunda ola de coronavirus en Salta.
Es claro que el escenario ha variado significativamente a partir del resultado del diálogo político en el Congreso, donde la oposición aceptó la propuesta de posponer en un mes la fecha de las PASO y las Generales nacionales. En consecuencia, la temática vuelve a plantearse en Salta.
En la última sesión del Senado, el legislador de Guachipas José Ibarra, dijo: “muchos plantean que no deben hacerse las elecciones provinciales en julio, yo comparto el criterio del señor Gobernador y sostengo que con mucha responsabilidad y prudencia se pueden realizar los comicios, como ha ocurrido en Ecuador y Perú”.
El alineamiento de Ibarra, cuyo mandato como senador vence en noviembre próximo, es notorio, como también lo es su respaldo. Pero lo más importante es que da a conocer el criterio de Gustavo Sáenz de no mover la fecha de las elecciones.
En este punto y teniendo en cuenta que la fecha de las elecciones es facultad del Poder Ejecutivo, es claro que la decisión no debe dirimirse entre el grito de la oposición y el susurro amigable de los oficialistas. El criterio sanitario es el que debe prevalecer y también la previsibilidad de un acto tan importante como una elección legislativa más el plus de la categoría de convencionales constituyentes.
Opinión de peso
Según trascendió en los últimos días, uno de los obstáculos de mover la fecha de las elecciones no tendría que ver con la “pulseada” entre Sáenz y los frentes opositores, sino con un actor que viene de imponerse en términos presupuestarios y de confirmarse, también impondría a los salteños un calendario ajustado a su mera conveniencia y por encima del cuidado de la salud de más de un millón de electores.
Recordemos que MSA S.A. (Magic Software Argentina), la herencia de Urtubey, exigió un presupuesto cercano a los 475 millones de pesos, muy por encima de los 321 millones presupuestados por el Tribunal Electoral. Al ser la única empresa oferente, obviamente que se le adjudicó el servicio.
Lo que se comenta ahora es que MSA estaría objetando correr la fecha de las elecciones debido a compromisos comerciales en países vecinos donde también se utiliza el sistema de voto electrónico y por supuesto, las mismas (viejas) máquinas.