El nuevo nombramiento de la funcionaria se da pese a haber sido desplazada de su cargo y sin dar explicaciones públicas a nadie.
En el Boletín Oficial de hoy se confirma el nombramiento de Gladys Sánchez en un nuevo cargo dentro del Instituto Provincial de la Salud de Salta, pese a haber sido desplazada de la conducción del organismo en febrero pasado, luego de un desfalco inexplicable. El nombramiento lleva la firma del inefable coordinador administrativo, Nicolás Demitrópulos que no deja a sus amigos sin trabajo. El problema es que usa al Estado como su propia empresa.
Sánchez fue nombrada en el cargo de “Coordinadora Ejecutiva Prestacional, en el ámbito del Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.S.), con remuneración de Subsecretario”, según el Boletín Oficial.
La excusa es la “implementación de las medidas necesarias para la regularización del gasto, el fortalecimiento de los mecanismos de control y auditoría, la reorganización de la prestación de servicios y la administración de los vínculos con los prestadores, asegurando así una gestión más ordenada y eficiente del organismo”.
Durante su gestión al frente del IPS, Sánchez fue duramente cuestionada por irregularidades administrativas y por una falta de gestión eficiente, lo que derivó en su desplazamiento y la intervención. A pesar de ello, su nuevo nombramiento parece contradecir los principios de transparencia y renovación institucional que prometía la intervención aún en curso.
Esta nueva decisión del saencismo ignora los reclamos por una depuración real en la administración del organismo y deja de manifiesto la falta de coherencia del Ejecutivo.
También deja en claro que los amigos del gobernador o los del coordinador administrativo de la Gobernación, hagan lo que hagan, tienen asegurado un cargo en el Estado provincial. No importan ni las implicancias legales ni la ética de mantener en funciones a personas cuestionadas.
El regreso de Gladys Sánchez al IPS no solo pone en tela de juicio los criterios de designación de funcionarios públicos, sino que también deja en evidencia la falta de respuestas claras frente a un reclamo social cada vez más fuerte por transparencia.