El día de ayer efectivos policiales allanaron las oficinas del organismo, tras recibir la denuncia de que en lugar, cuatro empleados vendían documentos ofíciales de manera irregular.
La fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas, acusó formalmente a cuatro empleados y un permisionario por fraude y perjuicio contra la administración pública y concusión en un número indeterminado de hechos, en concurso real y en calidad de coautores. También fueron imputados en asociación ilícita de concurso real y a título de autores.
Según se pudo investigar, el modus operandi consistía en captar a un número indeterminado de personas en la calles y les solicitaban dinero, para que mediante de los funcionarios del Registro Civil se realice la obtención de actas del organismo. También se conoció que los trabajadores cobraban 6 veces más que el arancel oficial del trámite.
Los ex empleados expidieron instrumentos del Registro Civil con la leyenda «trámite oficial», pero sin pagar los tributos para el mismo. La investigación tomó su curso debido a la denuncia de una funcionaria del Registro Civil, quien recibió la información correspondiente y dio aviso oportuno a las autoridades.