Un informe sobre el sistema de las Juntas Calificadoras confirmó que en la Escuela 7160 las designaciones de personal se realizaron sin intervención de ese organismo. El dato vuelve a abrir preguntas sobre el origen y el mecanismo utilizado para cubrir los cargos.
La “escuela fantasma” vuelve a aparecer en escena, esta vez dentro de una auditoría oficial realizada sobre el sistema de las Juntas Calificadoras de Méritos y Disciplina del Ministerio de Educación de Salta. El informe, que analizó el funcionamiento de los organismos encargados de intervenir en la valoración de antecedentes y los cuadros de mérito docente, dejó asentado un dato concreto sobre la Escuela de Educación Especial N° 7160: la Junta Calificadora no intervino en las designaciones del personal.
No es un detalle menor. Según explica la propia auditoría, las Juntas Calificadoras tienen entre sus funciones la valoración de antecedentes y la elaboración de los cuadros de mérito docente, dentro de procedimientos regulados por normativa ministerial. Es decir, el organismo que debería formar parte del circuito de designación quedó afuera en el caso de la 7160. La auditoría no determina que esas designaciones sean ilegales, pero sí deja registrada una modalidad que se apartó del procedimiento habitual y que merece una explicación administrativa precisa.
El dato adquiere todavía más peso cuando se lo mira junto con la historia reciente de la denominada “escuela fantasma”. La 7160 quedó bajo cuestionamiento luego de que trascendiera la existencia de más de 300 designaciones vinculadas al establecimiento y aparecieran interrogantes sobre quiénes ocupaban esos cargos, dónde cumplían efectivamente funciones y bajo qué mecanismo habían sido asignados. Desde el Ministerio se había intentado explicar que buena parte de ese personal trabajaba en otros establecimientos y que existía la intención de revisar y eventualmente disolver esos cargos.
Ahora la propia auditoría introduce una pieza más en ese rompecabezas. Registra que en la 7160 la Junta Calificadora no participó de las designaciones. Y, en el mismo tramo del informe, recomienda fortalecer los controles entre el Sistema de Gestión de la Junta y el Sistema de Administración de Recursos Humanos, establecer mecanismos de conciliación y regularizar los casos en los que los agentes figuren en un sistema y no en el otro.
La auditoría, además, detectó que existen diferencias entre ambos sistemas y que la información no se encuentra adecuadamente sincronizada. El propio informe señala la necesidad de definir cuál es la fuente oficial para cada dato y quiénes son responsables de su actualización, validación y mantenimiento. En un sistema donde las designaciones, los cargos y los antecedentes deberían dejar una huella administrativa clara, la falta de coincidencia entre registros agrega otra zona gris.
Hay, además, un contraste que resulta difícil de ignorar. Mientras la discusión pública sobre la 7160 lleva semanas girando alrededor de la cantidad de cargos, las personas designadas y el lugar concreto donde prestaban servicios, una auditoría del propio Ministerio termina confirmando que el mecanismo ordinario de intervención de la Junta Calificadora no fue utilizado para esas designaciones.
La pregunta, entonces, ya no es solamente cuántos cargos tuvo la “escuela fantasma”, sino quién decidió esas designaciones, bajo qué instrumento administrativo y con qué controles. El informe no responde esas preguntas. Pero sí deja constancia de que la Junta que debía intervenir no intervino. La ministra Cristina Fiore y el secretario de Gestión Administrativa, Alejandro Williams Becker son los que deben dar respuestas a estos interrogantes.