El espionaje de un juez reunió en un expediente casi 80 fichas con fotos y datos personales de dirigentes.
El 31 de marzo último, a horas de la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados encabezada por el gobernador Gerardo Morales en Jujuy, el fiscal Diego Funes dispuso textualmente “infiltrar” a todas las organizaciones sociales que se movilizarían ese e “individualizar” a sus referentes. La orden dice que se designaron “grupos de trabajo”, una denominación con claro parentesco con la de uso dictatorial de “grupos de tareas”. La investigación fue encomendada a la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial, es decir, al propio gobierno de Morales. Fue la antesala de los 16 allanamientos en los que diez días atrás la policía jujeña revolvió casas, comedores, merenderos y sedes de los movimientos sociales, esta vez con la excusa de indagar en el reparto interno de los planes Potenciar Trabajo —lo que aprovechaba un asunto instalado en el debate público— y bajo la hipótesis de una supuesta “asociación ilícita”.
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