Enrique Prado, en sus últimos días como jefe comunal, armó un relato asegurando que un banco venezolano construiría una clínica. Todo era mentira. Su socio tenía una identidad falsa y está detenido por secuestrar a una adolescente.
En las pasadas horas se supo que el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputará por estafas agravadas y adulteración de instrumentos públicos y privados al ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, y el venezolano Wuisthon Antonio Díaz Solano.
El hecho por el que serán imputados data de octubre de 2020, cuando ya Prado había sido denunciado por el robo de caños del Gasoducto NEA y se debatía la intervención del municipio. Entonces el jefe comunal anunció que un grupo venezolano con sede en Caracas construiría en Aguaray una clínica, de ocho pisos, con una inversión de 50 millones de dólares.
Para darle más “seriedad” al asunto, Prado se presentó con un supuesto médico, politólogo y representante de Banesco Internacional, el venezolano Sebastián Solano Guzamana, quien a la larga se conocería, no era sino un estafador de nombre Wuisthon Antonio Díaz Solano, que actualmente está a la espera de un juicio por el secuestro de una adolescente de Aguaray a la que mantuvo cautiva en Bolivia.
Con el anuncio de la clínica, Prado aseguró que Banesco había donado una dializadora para extracción de plasma, una centrifugadora, 30 mil pruebas rápidas para COVID-19, 30 mil barbijos y 30 mil guantes quirúrgicos. Y aprovechó la ocasión para pedirle al Concejo Deliberante que aprobara la donación de un predio de dos hectáreas ubicado a pocas cuadras de la plaza principal de Aguaray, para construir el complejo médico.
El pedido ingresó al Concejo, y comenzaron a indagar. Se comunicaron con Banesco en Caracas, y descubrieron que no solo era falsa toda la operación. Desde la entidad venezolana negaron su participación y la existencia de un representante de apellidos Solano Guzamana. Posteriormente intervino la justicia, ataron los cabos y le sumaron una nueva imputación cual mancha al tigre, al ex intendente Enrique Prado y su socio venezolado que además de secuestrador, podría ser declarado estafador.