Hay políticos que hacen carrera. Otros que hacen contrabando, y no de puchos ni calzoncillos. Luis Gerónimo Cisnero, exdiputado olmedista por el departamento General San Martín, parece haber optado por la segunda opción.
No lo hizo solo: detrás de la imagen de productor rural, había banda que incluía choferes, depósitos truchos, toneladas de granos y una sociedad con conexiones que llegaban —literalmente— hasta Bolivia.
El martes pasado, Cisnero fue detenido junto a tres choferes, un asesor legal y el encargado de un depósito, todos acusados de contrabando agravado y asociación ilícita. No es poca cosa. La fiscal federal Lucía Orsetti, al frente de la Sede Descentralizada de Tartagal, lleva la causa que ionvestiga más de 15 millones de kilos de granos transportados con documentación apócrifa, empresas pantalla y depósitos que funcionan como portales mágicos al otro lado de la frontera.
El viernes, la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, formalizó la imputación y dictó prisión preventiva para Cisnero y cuatro de sus socios. Mientras tanto, otro nombre importante del operativo, Pablo Arequipa, socio directo del exlegislador, tiene ahora el curioso estatus de prófugo con captura nacional e internacional. No es precisamente un reconocimiento parlamentario, pero algo es algo.
Cisnero llegó a la Cámara de Diputados de Salta en 2019, de la mano de Alfredo Olmedo, ese empresario-agricultor-moralista amarillo que hablaba de seguridad con una Biblia en la mano y una pistola en la otra.
En su momento, la candidatura del ahora detenido no llamó demasiado la atención, aunque ya traía antecedentes: ese mismo año fue demorado en un control sobre la ruta provincial 6, en Santiago del Estero, con 2.500.000 pesos y 500 dólares en efectivo que no pudo justificar. Dijo que eran para comprar insumos. Nunca explicó por qué viajaba con una sucursal del Banco Nación en el baúl.
Ahora, con la causa actual en marcha, el rompecabezas parece encajar. Según la investigación, Cisnero utilizaba una empresa de transporte agropecuario como fachada para operaciones sistemáticas de contrabando. La firma, según informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, aparece involucrada en decenas de maniobras con documentación falsa. Todo esto salía de un depósito en Salvador Mazza, localidad fronteriza.
En los allanamientos del martes pasado, Gendarmería Nacional secuestró celulares, documentación comercial y toneladas de mercadería en galpones. La primera estimación es clara: casi 70 millones de pesos en granos. Una fortuna que cruzaba la frontera sin impuestos, sin control y, por supuesto, sin pudor.
¿Cuánto más se necesita para entender que la frontera norte es tierra de nadie… o peor: tierra de unos pocos?