Se trata del dueño del hotel El Castillo, John Hartwell Cocke Johnston, quien en marzo de 2022 fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por intentar asesinar a su expareja en un hecho que incluso fue fotografiado por la hija de ambos. La mira en la justicia salteña.
En marzo de 2022, John Hartwell Cocke Johnston, dueño del hotel El Castillo, de Villa San Lorenzo, fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de “lesiones agravadas por la relación de pareja preexistente y por el género”. Había llegado a juicio acusado por el intento de femicidio de su expareja, hecho del que participó otra expareja suya y que incluso fue presenciado por la hija de ambos, quien logró fotografiar el episodio en un registro que se conoció públicamente.
En libertad, y tras 14 de años incumplir el pago de la cuota alimentaria, L. vuelve a hacer público su reclamo. “Mi hija tenía un mes cuando yo me separé de su progenitor por violencia, de ahí empezó el litigio por la cuota. Nunca le negué que vea a la nena, igualmente no la veía porque su postura era que si yo no volvía con él no me pasaba plata ni la veía a la nena”, contó al respecto.
En su relato, la mujer recordó con angustia algunos de los episodios que la condujeron a denunciar a su agresor y agresor de su hija. “Cada vez que le reclamaba algo recibía amenazas, amenazas de muerte inclusive, contra mí y contra la nena”, agregó lamentando el tratamiento que el caso tuvo en la justicia salteña.
“Durante el juicio me revictimizaron en todos los sentidos. La jueza me culpó a mí por todo lo que pasó”, aseveró a la vez que enfatizó: “Nunca lo imputaron por intentar matar a la nena, porque la fiscal Salinas Odorisio jamás lo imputo por ese delito. A mi hija la silenciaron en ese juicio, ella dijo todo lo que pasó”.
Por otro lado, la mujer cuestionó que, pese a todo, John Hartwell Cocke Johnston no esté incluido en el Registro de Deudores Alimentarios y permanezca en libertad, ostentando viajes alrededor del mundo en redes sociales. “Esa es la vida que se da el potencial femicida, deudor alimentario, no tiene restricción para nada, y encima no paga”, expresó L., quien aguarda que la justicia responda un recurso de Casación.
“No tengo respuestas de absolutamente nada. Me tuve que venir a un pueblo lejos de todo, con todos los gastos que le implica pagar los estudios de mi hija, que tiene secuelas emocionales”, continuó.
Fue su abogado, Lautaro Arias, quien confirmó que “desde que se fijó una cuota alimentaria, teniendo en cuenta la capacidad económica de este hombre, es baja”, dada la dificultad de probar los ingresos reales del progenitor. “Hay una cuenta judicial donde hay depósitos de sumas antojadizas de 40, 70 mil pesos, a veces menos, a veces nada. Está vigente dos salarios mínimos, y nunca deposita eso”, señaló el letrado, aclarando que la suma fijada debe ser actualizada.
Haciendo hincapié en “el desinterés que muestra” por dar cumplimiento a sus obligaciones legales, señaló que solicitaron que John Hartwell Cocke Johnston sea inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios y que se prohíba su salida del país. “Espero que hasta mitad de año tengamos la inscripción completa”, remarcó el abogado.
Desde su experiencia, cuestionó la falta de perspectiva de género en la justicia salteña, que en conjunto con la falta de recursos y las prácticas desactualizadas, generan no solo una notable lentitud en la resolución de estos casos, sino una revictimización constante.
“Hay funcionarios judiciales, magistrados, ejerciendo su función que tienen causas de violencia de género e incluso causas penales. De ahí hacia abajo, no solo en el Poder Judicial sino en muchas áreas estatales lo entienden como ideológico y se está omitiendo algo que pertenece al orden normativo. La ley nos obliga a adoptar una perspectiva de género”, agregó en alusión a lo que establece la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para los tres poderes del Estado.
S.D.F.
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