Se conoció recientemente que en Misiones se anuncia la reactivación de la obra del Gasoducto del Nordeste. La noticia obliga a dirigir las miradas al intendente de Aguaray Enrique Prado, quien está imputado en el robo de sus caños. Mientras tanto, el poder político se muestra incapaz de brindar una respuesta.
La empresa Vertúa SA era la concesionaria de la obra en Salta y Formosa y luego de la paralización sobrevino el oprobioso accionar del robo de caños. El diario Tribuno publicó la noticia de un nuevo llamado a licitación para construir la red troncal Gasoducto del NEA sería lanzado en septiembre, de acuerdo a lo que comunicaron medios de Misiones.
¿Lo confirma Aberto Fernández?
En Misiones se habla de que la reactivación del Gasoducto «formaría parte del paquete de 60 medidas con las que el Gobierno nacional espera reanimar la economía pospandemia».
De ser así, la visita presidencial a Salta en la semana entrante, podría ser la ocasión especial para el lanzamiento debido a que Salta es la primera provincia beneficiada con la obra que además involucra a Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones.
Se habla de un emprendimiento de alto impacto económico por las inversiones que habilita pero también y en primera instancia, por los puestos de trabajo directo que requiere la obra. El titular de la empresa licitataria que llegó a ejecutar poco más del 50 por ciento de la obra, cuantificó la demanda laboral en 500 puestos.
Que el anuncio no tape el escándalo
La buena noticia no puede dejar de lado en la agenda política el delito de robo de caños que tuvo lugar en el Municipio Aguaray. La Justicia Federal lleva adelante la causa en la que ya se imputó al intendente Enrique Prado.
Por ello, parte de la dirigencia política salteña ha planteado la necesidad de sancionar una ley para intervenir el municipio. Sobre esto, el diputado provincial Ramón Villa dijo a Opinorte que «si se confirma la reactivación de la obra, lo que es una gran noticia para la castigada zona norte de Salta, es más necesaria que nunca la intervención del Municipio. Se trata de una decisión política independiente del proceso judicial. Además, mientras más permanezca el intendente en su puesto, más posibilidades tiene de alterar pruebas. Por esto, la intervención hasta puede resultar una medida que favorezca la causa judicial».