La famosa causa de los «gastos reservados» de Tury Rodriguez e Isa en el Concejo Deliberante, ahora en manos de la Justicia Federal por una denuncia de la AFIP se activó y quedó en manos del juez Miguel Medina. ¿El vicegobernador y el actual diputado desfilaran por los tribunales de calle Dean Funes?
El contador Carlos Zapata, quien se desempeñó como concejal primero y diputado hasta el año pasado, denunció ante la Justicia la existencia de gastos reservados que salían (pero no se rendían) desde la cuenta «Gastos, Subvenciones y Becas del Concejo Deliberante».
Sobre el destino de los gastos, Zapata siempre da a entender que la Justicia deberá dilucidar, pero lo concreto es que los fondos faltantes de rendición durante el período 2011-2013 superaron los 30 millones en valores de aquella época.
“Apenas asumí me invitaron a la oficinas de presidencia, en donde el Contador Carlos Costas del Concejo Deliberante tenía preparado para mi “un premio”, relató Zapata en una entrevista en un canal local.
Así, todo parece indicar que el destino era el pago de sobresueldos para garantizar una mayoría en el cuerpo legislativo. Además de la denuncia en la Justicia, se realizó una presentación en Afip y fe esta quien determinó a principios de este año que el dinero no tributado por impuestos ronda los 10 millones de pesos, lo que equivale a un 35% del monto total que saliera sin rendición desde la caja manejada por Tury Rodriguez y el ex intendente Isa.
Ahora, el organismo fiscal promovió una acción penal por el delito de evasión ante el fiscal doctor Eduardo Villalba, de la Cámara Federal de Salta. No conforme con esto, el contador Zapata señaló que “no es correcta la intención de Sáenz de pagar con dinero del Erario los montos no registrados ni tributados pro la gestión anterior”. Al parecer, Sáenz no quiere levantar una polvareda que podría ensuciarlo: recordemos que los famosos gastos no empezaron con Tomás Rodríguez, sino que fueron parte de la “rosca política” desde tiempos pretéritos, incluyendo a su presidencia, la de César “Oveja” Álvarez y la anterior de Matías Cánepa.
En total, se calcula que esas presidencias, incluyendo la de Rodríguez, dejaron un saldo sin rendir de 90 millones. La causa penal promovida por Zapata en 2012 sigue sin ser tratada, y hasta quiso ser archivada por el fiscal Guillermo Akemeier. Esto no ocurrió pero tampoco se le dio curso al tema. Por otro lado, un pedido de auditoría del PO que fuera aprobado por el cuerpo de Concejales finalmente no fue viabilizado por Ricardo Villada, presidente en 2014-2016.
Según relató el ex concejal y ex diputado, Carlos Zapata, al asumir como edil a fines de 2011, lo llamaron desde la presidencia del Concejo, por entonces en manos del isismo gobernante, para ofrecerle un “premio”.
En febrero de 2012 denunció en AFIP la existencia de sobresueldos. Le quisieron dar un regalo en el Concejo. La causa estuvo cajoneada. AFIP se hizo eco.
«A partir de las investigaciones del organismo de recaudación, de acuerdo a entrecruzamientos con las cuentas del municipio y el Banco Macro, se logró determinar que desde la comuna giraron alrededor de 10 millones de pesos que no fueron declarados”, dijo Zapata.
La denuncia también se presentaron en Ciudad Judicial, pero la justicia provincial archivó algunas y cajoneó otras, dijo Zapata y celebró que la Justicia Federal tome una actitud distinta.
La investigación aun no cuenta con imputados, tal vez los tribunales de calle Dean Funes también vayan por el mismo camino como ocurre en Buenos Aires.