La senadora y covencional MC, Sonia Margarita Escudero, insistió en la condena ilegal contra Santos Clemente Vera y recordó que por haber cuestionado el fallo, está sometida a un proceso desde hace casi tres años, lo cual implica un amordazamiento a la libertad de expresión, dando un mensaje corporativo y amedrentador por parte del Poder Judicial.
Escudero, referente del Foro de Observancia de la Calidad Institucional de Salta -FOCIS-, habló en Radio Cadena Infinito, sobre la querella que le inició hace casi tres años el juez Luciano Martini Bonari, a pesar de que tal acción judicial está vedada en el Código Penal, en el que se establece claramente que no habrá delito cuando se trata de expresiones de interés público, “sin embargo la causa avanza como si yo hubiese cometido delito”, indicó.
La dirigente recordó cómo se originó esta situación: “fue un impacto muy grande en 2016, cuando Santos Clemente Vera, jardinero de San Lorenzo, que había sido absuelto en el juicio por el crimen de las francesas, porque no había pruebas en su contra, luego fue condenado en segunda instancia por el juez Luciano Martini y Arias Nallar, con las mismas pruebas con las que había sido absuelto y en contra de lo que dispone el Código Procesal Penal”.
Indicó que tal Código establece que si el Tribunal de Apelación considera que la prueba no fue bien valorada por el Tribunal de Juicio, lo que debe hacer es devolver para un nuevo juicio, pero jamás condenar en segunda instancia, hay una valla infranqueable porque los jueces que no estuvieron presentes cuando declaraban peritos, testigos, no estuvieron presentes”.
“He criticado en una columna a uno de los jueces que ha condenado a esta pobre persona, buena, con trabajo, familia y sin ningún antecedente, a este hombre, su empleador le guardó el trabajo y le pagó la pericia genetista, es imposible que pueda ser condenada una persona buena, sin ningún antecedente y sin pruebas. Por haber criticado duramente a un juez que encarceló a una persona a prisión perpetua, sin prueba de certeza, y por ello, soy convertida en criminal”, señaló la dirigente.
Ilegalidad, inconstitucionalidad y avasallamiento
Escudero desnudó cómo y por qué la denuncia en su contra representa una acción prepotente que incluso deja constancia de una transgresión a la normativa vigente, por quienes fueron designados para no hacer cumplir la ley y no apartarse de ella.
“Los jueces han condenado a un inocentes a sabiendas, es decir sin pruebas de certeza, violando todas las garantías constitucionales. La causa tuvo una investigación escandalosa, la policía torturando a los lugareños para que se hieran cargo de los asesinatos y hasta torturando para que involucren a otros, se plantaron pruebas, se perdieron los hisopados”, recordó a modo de contextualizar los orígenes de una condena improcedente a Vera por parte de jueces de segunda instancia, que no estaban habilitados para tal acción.
Respecto a la denuncia que le formuló el juez Luciano Martini, la dirigente indicó que tenía audiencia para el 18 de octubre, pero pidió una postergación para diligenciar un oficio de la Corte Suprema, teniendo en cuenta que se presentó un recurso ante el Máximo Tribunal nacional, contra la condena en segunda instancia de Vera. “Necesito parte de esos expedientes como prueba, por lo que se postergó para marzo la notificación”.
“Van a ser más tres años que estoy sometida al proceso y la sola sujeción al proceso, significa un amordazamiento a la libertad de expresión, es como que los jueces están diciendo: esto le pasa a cualquiera que critique las decisiones de la justicia”, concluyó.