Los funcionarios municipales fueron denunciados por una persona a la que le ofrecieron el carnet de conducir a cambio de $5.000.
La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio imputó provisionalmente por el delito de exacciones ilegales a los dos agentes de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad de Salta que fueron acusados de pedir coimas a cambio de facilitar la emisión de la licencia de conducir.
Uno de ellos se desempeñaba como supervisor del personal motorista y el otro, como agente examinador. Durante la audiencia ambos dieron su versión de los hechos acompañados por sus abogados particulares y, una vez finalizada la imputación, se dispuso que sigan detenidos.
La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos tuvo lugar tras la denuncia impulsada por un hombre que, luego de reprobar el examen de manejo, dijo haber recibido el ofrecimiento de obtener la licencia a cambio de dinero. Según el denunciante, el nexo con uno de los agentes fue una permisionaria.
El hombre aceptó la propuesta, anotó un número de teléfono y se dirigió a la Municipalidad para contar lo sucedido. Con una funcionaria del Programa de auditoría, se comunicaron con el teléfono en cuestión y un agente le pidió 5.000 pesos a cambio de aprobar el examen práctico.
Luego de sellar el acuerdo, el denunciante se presentó en la hora pactada en el canchón municipal de la calle Artigas y el agente le informo a un compañero que realizaba los exámenes que había llegado su próximo cliente. Este le entregó $4.000, tras lo cual fueron identificados y detenidos.
La semana pasada se realizaron allanamientos tanto en el canchón municipal como en dos viviendas de los barrios Alto La Viña y Santa Cecilia. El equipo a cargo de la investigación continúa analizando distintos elementos que forman parte de la causa y que han sido secuestrados de los operativos.
El delito de exacciones ilegales se encuentra previsto en el artículo 266 del Código Penal y se trata de un delito contra la Administración Pública que se concreta cuando un funcionario público con abuso de su cargo, solicita, exige o hace pagar indebidamente, por sí o por persona interpuesta, una contribución, un derecho o una dádiva; o cobra mayores derechos que los que corresponden. La pena prevista es de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años.