Peligra la intendencia de Jorge Prado por haber permitido, sin una autorización legal, que una empresa privada se lleve caños que pertenecen a la obra abandonada del gasoducto del NEA y que implica una millonaria cifra. Prado tiene estrechos vínculos políticos con Sergio Leavy.
La continuidad de Jorge Prado como intendente de Aguaray peligra, por haber decidido, de manera unilateral y sin contar con ninguna autorización legal, otorgarle un permiso a la empresa mendocina Osyp SA, con la excusa de evitar “la contaminación ambiental”, para desmantelar 35 kilómetros de caños de la obra del gasoducto del NEA. Dicha obra atraviesa el municipio del norte provincial.
Por el hecho, el Concejo Deliberante del municipio de Aguaray resolvió la destitución, por lo que la Cámara de Diputados de Salta deberá determinar los alcances de la medida y ver si aprueba una intervención del municipio.
Jorge Prado llegó a la intendencia gracias a la ayuda de Sergio Leavy, y pertenece actualmente al Frente de Todos. Sin embargo, esta pertenencia política no le alcanzó, ya que fue el mismo diputado Ramón Villa quien presentó el proyecto en la Cámara de Diputados para destituirlo e intervenir el municipio, tras las denuncias de la empresa Vertúa, quien dio cuenta del desmantelamiento.
Ahora, Jorge Prado deberá, en el lapso de 48 horas brindar toda la información correspondiente ante el Concejo Deliberante, teniendo en cuenta los alcances de la resolución 1215/9 que fue la que permitió que se llevara a cabo la maniobra. De no hacerlo, Prado quedará fuera de sus funciones, tal como lo establece la Carta Orgánica municipal.
Según se conoció, el monto de los caños que fueron retirados de manera irregular asciende a 3 millones de dólares, lo que traducido a pesos serían más de 200 millones. La investigación, mientras tanto, está siendo realizada por el fiscal José Luis Bruno.