“Acá no pasa nadie si no es en un marco de derecho”, advirtió el presidente de la comunidad, David Torres, invocando la Ley N° 24071.
Integrantes de la Comunidad Lule de Finca Las Costas se declararon en estado de alerta y asamblea permanente ante el avance de los trabajos que, según denuncian, pretende desarrollar Vialidad Provincial sobre ruta 150 sin realizar la debida consulta previa, libre e informada establecida por la Ley N° 24071.
“Existe una idea o proyecto de construir una ruta entre el kilómetro 5 y unos barrios dentro de lo que es la urbanización La Aguada, y esta obra no tiene el consentimiento ni el informe de impacto ambiental”, denunció David Torres, presidente de la comunidad, sobre el proyecto que “comienza en la autopista y termina en San Lorenzo”. “Esto es un camino ancestral nuestro y hace como dos semanas hay una pretensión que encabeza Vialidad, pero no sabemos qué ministerio la está planificando”, amplió.
Según señaló, días atrás hubo técnicos pretendiendo ingresar a las viviendas “para hacer mediciones y trabajo de campo”. “Tienen que presentar un plan de obra y nosotros vamos a decir si sí o no, porque es territorio de la comunidad, hay casas, familias con producciones. Queremos hablar en el marco del protocolo de consulta, no en otro, es un derecho constitucional”, enfatizó al respecto.
De acuerdo con lo que manifestó en Infinito 96.5MHz., los técnicos afirmaron que hoy se harían presentes autoridades provinciales en el lugar, pero ello no ocurrió. “Es ilógico que el Estado viole el marco jurídico que ellos tienen que garantizar”, cuestionó Torres para luego adelantar que en caso de no obtener respuestas se avanzaría con denuncias penales.
“Más allá de cuál sea la obra, tenemos que tener conocimiento de qué se quiere hacer en el territorio del pueblo. Incluso les proponemos alternativas superadoras porque acá hay que romper bosque nativo y tienen que romper todo, afectando muchísimo. Hay alternativas que incluso benefician al resto de la gente”, expresó el presidente de la Comunidad exigiendo al Ejecutivo provincial garantizar sus derechos. “Acá no pasa nadie si no es en un marco de derecho, hay cuestiones que tienen que respetar. Si quieren entrar, no pueden entrar de esa manera”, concluyó. (E.B.)
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