Mientras cuestiona el recorte educativo que impulsa Nación, la ministra provincial aplica su propio ajuste en los profesorados salteños y cerró comisiones bajo la excusa de “redistribuir recursos”.
La ministra de Educación de la provincia, Cristina Fiore, salió a alertar sobre el impacto que tendría la reducción de fondos en la educación pública contemplada en el Presupuesto Nacional 2026. “Cualquier recorte sería tremendo, porque no se puede mantener la calidad de la educación sin fondos suficientes”, afirmó, en un diagnóstico que, dicho así, parece irreprochable. El problema es que esas palabras chocan de frente con sus propias decisiones.
Mientras Fiore señala con el dedo a Nación, en Salta la motosierra ya viene en marcha desde hace semanas, cuando la ministra decidió cerrar comisiones en distintos profesorados de la provincia, afectando directamente a estudiantes, docentes y a la formación futura de los próximos profesionales. El argumento oficial es tan conocido como gastado: “redistribuir los recursos”. Una fórmula elegante para hablar de ajuste sin nombrarlo.
La contradicción es evidente. Fiore cuestiona el recorte cuando viene de arriba, pero lo ejecuta sin demasiados miramientos cuando la lapicera está en su escritorio. En los hechos, el impacto es el mismo: menos oportunidades de formación, trayectorias educativas interrumpidas y comunidades educativas obligadas a adaptarse a decisiones tomadas desde un escritorio.
Cerrar comisiones no es un reordenamiento administrativo menor. Significa achicar la oferta educativa, debilitar los institutos de formación docente y enviar un mensaje claro: la variable de ajuste vuelve a ser la educación pública. Todo eso mientras se declama preocupación por la “calidad educativa” y se encienden luces de alarma por los recortes nacionales.
El doble discurso no pasa desapercibido en el sistema educativo salteño. Docentes y estudiantes ven cómo se endurece el discurso contra Nación, pero se suaviza, o directamente se oculta, el ajuste local.