Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra cómo los haberes mínimos, cada vez más deteriorados, terminan sosteniendo hogares completos.
En Salta, la jubilación dejó de ser un ingreso individual para convertirse en un salvavidas colectivo. Lo que debería garantizar una vejez digna terminó funcionando como el último sostén de hogares completos, en un contexto donde el trabajo escasea o directamente no alcanza.
El dato surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que advierte sobre una pérdida sostenida del poder adquisitivo en uno de los sectores más vulnerables.
La radiografía es clara: miles de adultos mayores no solo cubren sus propios gastos, sino que también sostienen a hijos desocupados, ayudan a nietos o aportan para alimentos, servicios y medicamentos del grupo familiar. La jubilación mínima, lejos de ser un piso de protección, se transforma en una especie de ingreso multipropósito que intenta cubrir lo que el mercado laboral ya no garantiza.
En ese esquema, el deterioro no es individual: se expande. Cuando cae el ingreso del jubilado, no cae solo su consumo, sino el de toda la red familiar que depende de ese dinero. La fragilidad se multiplica y se vuelve estructural.
El fenómeno adquiere todavía más peso en una provincia como Salta, donde más de 114.000 personas perciben haberes jubilatorios vinculados al PAMI, lo que dimensiona el alcance social del problema.
Así, el sistema previsional queda atrapado en una paradoja incómoda: mientras debería proteger a quienes ya trabajaron toda su vida, termina funcionando como amortiguador de una crisis más amplia. Y lo hace con ingresos cada vez más deteriorados.