El gobernador Sáenz logró el impacto político y mediático que buscaba con su DNU sobre el narcotest. Sin embargo, al carecer de objeciones clínicas y jurídicas por parte de la desangelada rectoría de salud mental de Salta, corre el riesgo de pasar a la historia como quien estigmatizó a las personas con adicciones, vulnerando las protecciones internacionales que el Estado debería garantizar.
Por Rodolfo Ceballos (*)
El decreto obliga a funcionarios de los tres poderes provinciales —Ejecutivo, Legislativo, Judicial— y municipales, a someterse a controles toxicológicos sorpresivos. Los test detectan consumo de cocaína, marihuana, anfetaminas y opioides. Un resultado positivo activa mecanismos de remoción que pueden terminar en destitución del cargo. Se prevé análisis confirmatorio en laboratorio y posibilidad de contraprueba.
El DNU N°32/26 ignora las buenas prácticas en detección y abordaje integral de las adicciones que establecen las leyes salteñas. Los conceptos del decreto no tienen la suficiente consistencia y quedan expuestos a judicialización. Se limita a enfoque punitivo, contradiciendo el marco legal vigente y reforzando el estigma. No diferencia entre consumo ocasional y problemático, ni incorpora criterios clínicos.
La rectoría de salud mental, atrapada en su rutina burocrática, no supo responder ni orientar al redactor del instrumento. En las 476 palabras del decreto se omitió la autoridad de aplicación, la metodología precisa para cumplir estándares internacionales, nacionales y provinciales de calidad, y la referencia al cumplimiento de la Ley nacional de Salud Mental y Adicciones, así como de las leyes nacional y provincial sobre Consumo Problemático.
La provincia cuenta con la ley N°7745/12 sobre adicciones, que establece el
“pentágono” de la política de salud mental: prevención, psicodiagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y reinserción social en ámbito comunitario.
El decreto, en cambio, se reduce a imponer la sanción automática, sin programas de apoyo ni acompañamiento terapéutico. Esto vulnera la perspectiva de derechos humanos de la ley nacional de salud mental, que considera a la adicción un problema de salud pública y no meramente administrativo-laboral ni una falla moral.
Las omisiones colocan a Salta fuera de cualquier metodología aceptada
internacionalmente. Un resultado positivo podría ser una oportunidad para el
diagnóstico temprano y la vigilancia epidemiológica sanitaria, pero el
decreto desperdicia esa posibilidad.
La orden de Sáenz es difusa en los criterios técnicos de validez, periodicidad y control externo de los tests. Justifica el porqué del control de la idoneidad y la consecuente sanción en caso de dar positivo, pero carece de orientación sanitaria y de rehabilitación compatibles con el derecho vigente para la salud mental.
La experiencia del narcotest en San Luis muestra otro camino: allí, la rectoría de salud mental sí recomendó la licencia médica y el tratamiento para los
funcionarios que dieron positivo, dimensionando lo humano y social de las
adicciones.
En Salta tenemos el narcotest por un decreto iliberal del gobernador. Lo es porque en lo formal es válido, pero contradice los principios básicos del Estado de Derecho. Sáenz está amparado en su legitimidad para firmarlo, pero ignoró el digesto jurídico de la salud mental y creó así una innecesaria tensión entre la legalidad procedimental y la ilegalidad sustantiva.
El decreto llegó a la Legislatura para su tratamiento. Si no lo rectifica, Salta quedará atrapada en un modelo de gobernanza iliberal que estigmatiza la adicción y vulnera garantías constitucionales. Rectificarlo es una obligación democrática, no una opción política.
(*) Periodista especializado en temas psicosociales y de salud mental.