Lo dejó entrever el titular de la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas del INAI al referirse a la iniciativa de Victoria Villarruel que lleva, entre otras, la firma del diputado nacional Carlos Zapata, y que busca derogar la Ley 26160 de Emergencia Territorial Indígena.
Enmarcado en un preocupante avance de la derecha, se presentó días atrás desde La Libertad Avanza un Proyecto de Ley para pedir la derogación de la Ley 26160 de Emergencia Territorial Indígena, sus modificatorias y complementarias, y decretos reglamentarios. El titular de la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas del INAI- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-, Martin Plaza, advirtió en Sapo de Otro Pozo, por Cadena Infinito 96.5, sobre los trasfondos de una iniciativa que buscaría defender capitales extranjeros, avanzando sobre territorio indígena.
Inicialmente, Plaza aclaró que el Proyecto, que lleva la firma de la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, no tiene aún estado parlamentario, y destacó lleva también la firma del diputado salteño por Ahora Patria, Carlos Zapata. Se trata de quien, en su momento, fue candidato a vicegobernador en la fórmula Emiliano Estrada-Carlos Zapata, por el frente Avancemos.
Explicó luego que la Ley 26160 obliga al Estado a hacer un relevamiento técnico jurídico catastral de las tierras de los territorios que ocupan las comunidades indígenas en el país. Ello en cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina, tanto con la reforma constitucional del 1994, que garantiza el derecho a la posesión y a la propiedad comunitaria indígena, como con la incorporación a la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga a los estados a hacer una demarcación sobre los territorios que ocupan las comunidades indígenas en los respectivos países que adhieren.
“En respeto a estas convenciones internacionales que están vigentes, en respeto a la reforma constitucional del año ’94, es que se sanciona la ley 26160, que es la que está cuestionando la actual candidata a vicepresidenta”, aseveró el funcionario.
Asimismo, dio cuenta del trabajo que se viene llevando adelante en este sentido, con el relevamiento hasta la fecha de más de mil comunidades indígenas y aproximadamente unas 10 mil hectáreas. “En el año se firmaron más de 150 resoluciones que reconocen la ocupación actual, tradicional, y pública de comunidades indígenas de distintos puntos del país, muchas de nuestra provincia. Somos la provincia con mayor cantidad de pueblos indígenas de todo el país”, agregó Plaza, quien hoy da cumplimiento a la entrega de relevamientos en Angastaco y Animaná.
“Es una ley de orden público que seguimos implementando y que aún resta seguir relevando- continuó-. Son casi 1900 las comunidades identificadas y reconocidas por el Estado nacional, son más de 800 las que restan ser abordadas por esta política pública”.
Lo que hay detrás
El funcionario consideró que “hay que desmenuzar cuál es la intencionalidad política, económica, detrás de esta propuesta, que no es tampoco novedosa”. Precisamente, señaló que “esto que propone Villarruel lo vienen proponiendo distintos actores del establishment económico, de la derecha más conservadora de este país, porque detrás del reconocimiento a los derechos territoriales de los pueblos indígenas hay intereses patrimoniales, de capitales concentrados, muchas veces vinculados a capitales extranjeros”.
Resaltó, además, que la propuesta surge en el marco del conflicto con el pueblo Mapuche en la Patagonia, e insistió: “Claramente, detrás de estos actores que cuestionan esta política pública, hay una defensa explícita a los intereses patrimoniales de los grandes capitales concentrados que buscan avanzar sobre territorio indígena”. En el caso de Salta, se refirió a la industria vitivinícola, del turismo, y de actividades extractivas, como el caso del litio.
En este punto, advirtió que la derogación de la ley, eliminaría “una protección jurídica que tienen las comunidades indígenas sobre sus territorios, justamente para seguir impidiendo el avance de estos capitales obre territorios que ellos ocupan de manera ancestral hace miles años, en muchos casos”.
En los medios
El funcionario del INAI cuestionó el discurso “porteñocentrista, xenófobo y racista” de Jorge Lanata, quien días atrás se expresó despectivamente contra el pueblo Kolla, subestimando el debate político que se promueve desde allí. Remarcó que el periodista, al igual que muchos otros comunicadores, viene sosteniendo un discurso xenófobo para con los pueblos indígenas, tal como lo supo hacer durante los años del macrismo, estigmatizando a los pueblos indígenas de Salta, y en particular el pueblo Diaguita de la zona de los Valles Calchaquíes.
“Ellos también hacen negocios con determinados sectores de la economía, de capitales concentrados, y utilizan medios públicos para estigmatizar a los pueblos indígenas y emitir discursos racistas y de odio”, enfatizó Plaza. En la misma línea, apuntó contra el Poder Judicial que, “además del sector mediático, ha ocupado un rol claro en desconocer esta herramienta de la 26160 y también a la hora de defender los derechos de los titulares registrales, pero no de las comunidades indígenas”.
Mismo análisis recayó sobre el rol del comunicador Gabriel Levinas. “Fue él quien vino, hasta se metió sin ningún tipo de permiso en mi casa a sacar fotografías, a estigmatizar a nuestra familia y a la organización a la que pertenecemos y sobre todo al pueblo Diaguita. Tenía un objetivo claro. Antes de hacer toda esta nota, él se juntaba con los principales empresarios de los valles calchaquíes, que en ese momento tenían una disputa clara por el territorio, por el agua y los recursos naturales. Sería un poco el portavoz de estos sectores, ellos también hacen negocio”, aseveró.
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