Una cautelar suspendió el procedimiento contra el intendente de La Merced, pero no declaró inconstitucional la Ordenanza. El abogado del Concejo, Franco Gorriti, cuestionó los tiempos y los efectos de la decisión judicial.
La Corte de Justicia de Salta le dio un respiro al intendente de La Merced, Javier Wayar, al suspender el juicio político que avanzaba en su contra cuando, según la representación jurídica del Concejo Deliberante, el procedimiento estaba cerca de concluir. Sin embargo, la medida no anuló la Ordenanza que regula el proceso ni resolvió la discusión de fondo: por ahora, solo dejó todo en pausa.
En diálogo con FM Infinito, el abogado del cuerpo legislativo, Franco Gorriti, cuestionó tanto los alcances como la oportunidad de la resolución. La acción de inconstitucionalidad había sido presentada por el Ejecutivo el 19 de junio y la cautelar llegó tres meses después, cuando el procedimiento ya llevaba meses de desarrollo. Para el letrado, esa demora resulta difícil de conciliar con la urgencia que justificaría una intervención judicial de esta naturaleza.
Gorriti fue más allá y calificó la decisión como un “fallo político”, por el efecto concreto que produce sobre el proceso institucional. También advirtió que “la resolución no identifica un artículo específico de la Ordenanza que vulnere garantías constitucionales del Ejecutivo”. Adelantó que la defensa del Concejo sostendrá que la reglamentación “fue elaborada para resguardar el debido proceso y el derecho de defensa, y que las objeciones del intendente no equivalen a demostrar su invalidez”.
La discusión también involucra los criterios que la Corte habría sostenido en precedentes anteriores sobre la judicialización de los actos preparatorios de un juicio político. Gorriti considera que la suspensión “se aparta de esos antecedentes, al interrumpir el procedimiento durante su etapa instructiva y antes de que exista una definición sobre el fondo”, dijo. Ahora, el Concejo deberá contestar la acción y defender la norma ante el máximo tribunal provincial.
El conflicto promete extenderse. Gorriti estimó que las presentaciones, notificaciones e intervenciones judiciales podrían demorar “entre tres meses y un año”, con la posibilidad de que una apelación prolongue todavía más el trámite. Mientras tanto, mencionó otras causas vinculadas con Wayar que siguen pendientes de resolución, entre ellas una por peculado cuya fecha de juicio aún se desconoce.
Por ahora, el dato central es que la Corte no declaró inconstitucional la reglamentación ni cerró el debate jurídico, pero sí detuvo un juicio político que avanzaba contra el intendente. Wayar ganó tiempo; el Concejo deberá defender su procedimiento y la Corte todavía tiene que resolver si las reglas cuestionadas se ajustan a la Constitución.