No son pocos quienes señalan que detrás de la precaria situación social y económica de las comunidades aborígenes, se encuentra el negocio de los desmontes, utilizados para la agricultura. En los últimos diez años, 1.200.000 ha fueron desmontadas del chaco salteño, con complicidad de los gobiernos.
La relación directa entre la muerte y el desamparo de los habitantes de las comunidades wichís y los desmontes utilizados para la industria de la agricultura son cada vez más claras. El aumento desmedido de estas prácticas para “limpiar” los territorios para poder cosechar, principalmente soja, han desplazado a sus habitantes.
Los números son bastante contundentes, sobre todo en los últimos diez años, donde bajo el gobierno de Juan Manuel Urtubey, aumentaron exponencialmente las tierras destinadas al cultivo. Hoy la provincia cuenta con más de 1.000.000 de hectáreas sembradas con oleaginosas y legumbres (700.000 con soja transgénica, 200.000 con maíz y 200.000 con poroto). En este mismo periodo 1.200.000 ha fueron desmontadas, derribando monte chaqueño, selva de yunga y sobretodo el bosque del “Umbral del Chaco”.
Si se tienen en cuenta las estadísticas latinoamericanas, Salta está cinco veces arriba del promedio: de un 0,5% que fue la media en la región de Suramérica, la provincia registró un 2,5%. Se concentraron principalmente en los departamentos de Anta, Oran, San Martin, Metan y Rivadavia donde habitan principalmente las etnias Wichí, Iyojwa’ja y Niwaclé.
Esta situación, lógicamente, tiene responsables políticos: se trata de sociedades anónimas que tienen contactos con el poder directos, como la Corporación América de Eurnekian o la familia Pérez Braun. Pero también, y lo más grave de la situación, es que están implicados la familia del expresidente Macri, del exgobernador Urtubey y del diputado Alfredo Olmedo, cuya familia tiene larga data en este tipo de maniobras relacionadas con tierras y desmontes: ocupan una región donde habitan más de 60.000 wichís que, con las otras etnias, podrian llegar a 100.000 personas.
La consecuencia directa de esto es clara: los wichís no tienen dónde vivir, son desplazados, no tienen tierras para poder cultivar sus propios alimentos, y con ello, vienen las muertes por negligencias, desnutrición, malas condiciones de salud y todo el combo que se conoció con mayor precisión estos últimos meses.
La Argentina cuenta con una ley de protección de bosques violada permanentemente por el Gobierno de Salta autorizando desmontes (el más vergonzoso en 2018 a favor de la empresa de la familia del Jefe de Gabinete de la Presidencia Marcos Peña Braun), incluso existe una ley nacional que frena los desalojos y promueve relevamientos de posesiones ancestrales (ley 26.160) que obviamente no se cumple. Todo lo contrario: una de las características de la política de Urtubey fue no solo violar las zonas amarillas, sino intentar convertirlas en zonas verdes productivas.