27.3 C
Salta
martes, noviembre 17, 2026

La voracidad del saencismo y el deterioro de las instituciones

Designaciones judiciales cuestionadas, mayorías legislativas automáticas y decisiones exprés empiezan a mostrar el impacto de la concentración de poder en Salta.

La política salteña viene mostrando síntomas cada vez más visibles de deterioro institucional. No se trata de un hecho aislado ni de un episodio puntual, sino de una acumulación de decisiones que, vistas en conjunto, dibujan un escenario donde los contrapesos del sistema parecen perder peso frente a un poder cada vez más concentrado.

Uno de los ejemplos más claros aparece en el terreno judicial. La designación de magistrados de la Corte que mantienen vínculos personales con el gobernador abre interrogantes inevitables sobre la independencia de la Justicia. En cualquier sistema republicano, la distancia entre el poder político y los tribunales no es un detalle protocolar. Todo lo contrario, es una garantía básica. Cuando esa frontera se vuelve difusa, la sospecha se instala rápidamente y la confianza institucional empieza a erosionarse.

Todo indica que el saencismo tiene la mira puesta en las elecciones 2027, en donde buscará la re reelección. Para eso necesitan una Corte amiga, ya que será esta quien tenga la última palabra, sobre si Gustavo Sáenz puede ir por otro periodo o no. Para eso se necesitan amigos en ese lugar.

A ese cuadro se suma la realidad del Poder Legislativo. El saencismo cuenta con mayorías amplias (muy amplias) tanto en Diputados como en el Senado. Esta situación, lejos de fortalecer el funcionamiento parlamentario, ha terminado por reducirlo a un ámbito con escaso margen para el debate real. Las iniciativas del Ejecutivo suelen avanzar sin modificaciones sustanciales y con discusiones breves, cuando no meramente formales. Es por eso que se descuenta que la Ley de Lemas que quieren instalar, será un mero trámite en la Legislatura.

El episodio ocurrido el jueves pasado en la Cámara de Senadores terminó de confirmar esa dinámica. En una sesión marcada por un apuro inédito, el oficialismo prestó acuerdo para que la siempre polémica jueza Ada Zunino asuma como titular de la Defensoría General de la Provincia, un trámite que se resolvió con velocidad y sin mayores sobresaltos. Pero también con torpeza: el proceso quedó detallado cómo la decisión se tomó prácticamente sin abrir un debate profundo sobre la idoneidad o el perfil institucional del cargo.

Cuando el Parlamento pierde capacidad de control y se limita a acatar las órdenes que llegan desde el Ejecutivo, uno de los pilares centrales del sistema democrático empieza a debilitarse.

En ese contexto, las resistencias institucionales son cada vez escasas y los márgenes para el disenso se achican. Mientras, Salta parece haberse internado en un espiral descendente en su calidad institucional, un proceso silencioso pero persistente del que cada vez cuesta más ver el punto de retorno.

Más Leídas
Noticias Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí