El poeta alemán Friedrich Schiller en 1873 creó el concepto de “bella alma” para significar la gracia y la dignidad de una persona. Luego el filósofo Friedrich Hegel tomó el concepto y lo transformó por completo. Lo usó para representar a aquellos que se autoperciben perfectos y puros y no intervienen en el curso de los acontecimientos con desafíos. Prefieren quedar atrapados en una increíble abstención antes de contaminarse con la realidad.
Por Rodolfo Ceballos (*)
En Salta ocurrió lo que pensó Hegel. Algunas “bellas almas”, obligadas normativamente a ser tuitivas con los derechos integrales de las infancias, quedaron pasivas frente a los malos tratos infantiles en manos parentales de Leonel Francia y ahora el de Thiago Altamirano. Los dos terminaron muertos a pesar de las alertas tempranas de maltrato infantil recibidas en distintas sedes estatales.
Vaya a saber por qué estas “bellas almas” no impusieron anticipadamente las medidas de resguardo en la prevención de esos sufrimientos infantiles. Deberían haber intervenido como agentes estatales bien capacitados en la ley Lucio, que protege a las infancias de todas las violencias.
Los operadores estatales que conocieron los dos casos en sus escritorios, parece que tuvieron un brote de demencia y no recordaron aplicar el plexo jurídico de protección integral a la infancia.
La ley Lucio es una conquista que asegura el cómo y el por qué el Estado contemporáneo debe actuar de garante de última instancia cuando están en peligro inminente y daño cierto los derechos del niño. Es decir, la norma protege cabalmente la vulnerabilidad infantil.
Las “bellas almas” del sistema estatal, al momento del pico de los acontecimientos, pueden transformar el derecho positivo de la ley Lucio en una normativa simbólica. Olvidaron el nombre tristemente célebre del niño Lucio Dupuy, que murió asesinado por manos parentales y hoy da su nombre a la ley.
Esa norma no es solo jurídica, sino también una herramienta de previsión y cautela que, al dialogar con la doctrina de la salud mental comunitaria, permite pensar la protección infantil como un proceso interdisciplinario, territorial y participativo, con perspectiva de familia, ya que esta es el primer espacio de cuidado, prevención y detección.
Las serpentinas y matracas en la fiesta de la insignificancia que organiza Salta para acoger a las buenas leyes nacionales, son frecuentes. La ley Lucio es un excelente ejemplo para asegurar que aquí es solo la buena música en esa fiesta.
El Poder Legislativo se sumó a ese festejo y aprobó hace dos años su propia ley, la N° 8.435, con el decreto reglamentario correspondiente. Aceptó diseñar un plan de capacitación obligatoria (en los tres poderes del Estado) para enseñar a proteger a las infancias.
Sin embargo, los casos Leonel y Thiago convirtieron a las dos normas, la nacional y la provincial, en el cotillón jurídico que adorna nuestra provinciana democracia iliberal (sí iliberal). Sin equilibrio de poderes y poca republicana para cuidar a los chicos.
La protección infantil no es un gesto moral ni un programa asistencial, sino un pilar de la legitimidad democrática. Sin esa garantía, lo republicano se vacía de contenido
Por los últimos sucesos, los que ejercen la vigilancia del cumplimiento de los derechos integrales de las infancias no se sienten en Salta sujetos obligados para aplicarlos. No hay un estricta vigencia de la ley Lucio. Para que ocurra, deberán empezar a tener una hoja de ruta que exige la misma norma.
Los contenidos mínimos de ese plan son la formación inicial sobre el buen trato a las infancias y la prevención de violencia; la detección temprana de vulneraciones de derechos; la difusión de recursos de asesoramiento a las familias, sobre todo a aquellas que predisponen -por un entramado anómico- que los chicos corran riesgo de muerte; y la realización de las campañas de concientización accesibles, incluyendo lenguaje sencillo y adaptaciones para personas con discapacidad.
El plan para ser efectivo dependerá de la coordinación interinstitucional y del financiamiento real para sostener la capacitación continua. Además, debe existir una comunicación a la prensa de los resultados cada determinado tiempo con las eventuales correcciones.
Leonel y Thiago murieron porque les faltó la seguridad jurídica del derecho a la vida y la contención empática de las instituciones con trayectorias de pésimas prácticas estatales.
El imperio transformador de la ley Lucio, en el abordaje de las infancias, reside en limitar dentro del Estado a las “bellas almas”: aquellos que se refugian en la indiferencia o abstención o pasividad frente a la violencia infantil.
La norma busca que quienes deciden sobre los casos de vulneración de derechos de niños y niñas dejen de ser espectadores y se conviertan en agentes republicanos de garantía efectiva de sus derechos.
(*) Periodista especializado en temas psico-sociales y de salud mental.