Con media sanción en Diputados, la iniciativa prohíbe a funcionarios difundir imágenes de procedimientos. Bajo el argumento de “cuidar investigaciones”, asoma una avanzada que tensiona derechos básicos como el acceso a la información y la libertad de expresión.
La Cámara de Diputados de Salta le dio media sanción a un proyecto que, bajo una redacción aparentemente técnica, abre una discusión mucho más profunda: hasta dónde puede el Estado limitar la circulación de información pública. La iniciativa apunta a prohibir que funcionarios difundan imágenes de operativos de seguridad, una práctica que en los últimos años se volvió habitual en redes oficiales.
El argumento del oficialismo se apoya en la necesidad de preservar investigaciones y evitar interferencias. En diálogo con FM Infinito, el diputado Juan Pablo Cuellar (Anta), aunque no es autor del proyecto, salió a respaldarlo en línea con el saencismo: planteó que “la difusión puede entorpecer procedimientos o vulnerar derechos de personas involucradas”. La explicación suena razonable en la superficie. El problema aparece cuando esa lógica se convierte en regla general y no en excepción.
Lo que está en juego no es solo una práctica comunicacional, sino el principio de publicidad de los actos de gobierno. El artículo 43 de la Constitución Nacional establece expresamente que «no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística». A eso se suma el plexo de tratados internacionales con jerarquía constitucional que protegen el acceso a la información pública.
En el plano provincial, la Constitución de Salta también es clara: en el artículo 89 reconoce el derecho de los ciudadanos a informarse y a acceder a los actos de gobierno, en línea con los principios republicanos de transparencia. Limitar de manera amplia la difusión de operativos, que son, justamente, acciones del Estado, implica moverse en una zona delicada donde la discrecionalidad puede transformarse en regla.
No es un dato menor el contexto en el que aparece el proyecto. La discusión se reavivó tras episodios incómodos para el poder, donde la circulación de información y versiones expuso zonas grises de la gestión. Bajo la bandera de “evitar espectáculos mediáticos”, la iniciativa parece correr el eje: de regular excesos puntuales a establecer un cerrojo más amplio sobre lo que puede o no mostrarse.
El punto más controvertido es, precisamente, esa generalidad. Porque una cosa es proteger identidades o datos sensibles en un caso específico, y otra muy distinta es imponer una prohibición que, en los hechos, reduce la visibilidad de cómo actúa el Estado. En tiempos donde la política se comunica en tiempo real, la tentación de controlar el relato aparece cada vez más cerca de controlar la información.
Mientras tanto, el proyecto avanza con el número que impone el saencismo y sin demasiado ruido en el recinto. Afuera, la discusión recién empieza a tomar forma. No tanto por las imágenes que podrían dejar de verse, sino, justamente, por lo que quieren que no se vea.