El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias habló sobre el caso de Cristian Gallardo, un muerto más que se le adjudica al gatillo fácil de la Policía salteña. Casi en la misma línea que el ministro Carlos Oliver, solo dijo que se está trabajando con la familia y adjudicó culpas a la sobrepoblación carcelaria.
El caso de Cristian Gallardo, muerto en circunstancias dudosas, en la cual se culpa a la Policía de Salta, se suma a los ya cuatro casos de los últimos tres meses, en donde están acusados o sospechados integrantes de las Fuerzas. Al contrario de lo que se esperaría, ni el ministro de Seguridad ni el ministro de Derechos Humanos aclararon la situación bajo la cual se dieron estas muertes.
Marcelo López Arias, consultado por la periodista Marcela Perez, sobre el caso, dijo que “Los derechos humanos son una causa de vida, donde si hay una irregularidad, nosotros tenemos que averiguar qué es lo que pasó”.
Irónicamente, destacó como parte de la causa que el ministerio haya pagado los gastos del sepelio. “En este caso, lo primero que hicimos justamente fue ir, presentar los pedidos de informes, acompañar a la familia, nosotros desde el Ministerio, si bien un poco tarde, hemos colaborado con todos los gastos de sepelio. Hemos construido para que se pueda hacer la última autopsia, conseguir un médico legista para que pueda ir representando a la familia, también a cargo de nuestro ministerio. Estamos colaborando con todo lo que se puede. También hablé con el doctor Abel Cornejo, y él también tiene la convicción de que si hay un delito, hay que investigar, no puede haber privilegios ni para la policía”.
El caso del joven Gallardo volvió a poner en el ojo del debate el accionar del CIF, sospechado ya desde los casos de Yanina Nuesch y Luján Peñalva. Sin embargo, para López Arias, solo se trata de un problema que se solucionaría cambiando de administración: “Se hicieron informes, los familiares, por fuera del CIF, que aparecen contradiciendo lo que señala éste. Este es un tema que lo investiga la Justicia, nosotros tenemos un límite, en el sentido de que podemos actuar como colaboradores, pero la decisión de la investigación depende de la Justicia, no de nosotros. No podemos afectar a la independencia de los poderes”.
“A veces uno tiene el mejor instituto y hay que cambiar las cabezas. El CIF es un orgullo para todos, pero si lo que hay es un problema de administración, habrá que cambiar las personas que están al frente. Y si hay que poner un fiscal, yo creo que va ser mucho mejor, más técnico”, dijo, sin profundizar sobre las actuaciones en casos de crímenes de gran relevancia en la Provincia.
Por último, hizo referencia al traslado de detenidos a las comisarías. Cabe recordar, que la creación de la Alcaidía General N°1 en el año 2006, se hizo con el fin de evitar los reiterados casos de sobrepoblación carcelaria y abusos policiales, que se producían en las comisarías barriales. Concretamente, con el caso del joven Cristian Gallardo, el deceso se habría producido dentro de la comisaría del barrio Santa Cecilia, un sitio en el cual no tendrían que trasladar a los detenidos.
Al respecto, el ministro de Derechos Humano señaló que “Es un problema de sobrepoblación de presos. No nos pagan y no tenemos los fondos desde la Provincia para poder seguir haciendo obras. Hoy la Alcaldía está saturada, tenemos falta de lugar, por eso se lleva gente a las comisarías. Estamos trabajando para eso, estamos firmando un proyecto de financiamiento para poder ampliar la Alcaidía, que tendrá que ser con recursos propios”.
Dirigió las culpas contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, manifestando que “La Nación no nos paga, y yo realmente me enojé mucho con Garavano, cuando salió en algún momento dudando de la deuda, cuando él mismo la reconoció mil veces”.