La diputada provincial rechazó las declaraciones del legislador, quien aseguró que su familia «maneja la noche» en Rosario de la Frontera y la vinculó con el narcotráfico. Confirmó que iniciará acciones judiciales y exigió que presente pruebas.
La diputada provincial Marianela Marinaro anunció que avanzará con una denuncia judicial contra Gustavo Orozco luego de que el legislador realizara graves acusaciones públicas contra su familia, a la que vinculó con el narcotráfico y con supuestas maniobras de compra de votos durante las últimas elecciones.
En una entrevista radial, Marinaro confirmó que su abogado ya trabaja en una intimación formal para que Orozco se retracte o presente pruebas de sus dichos. En caso contrario, iniciará una demanda por daños y perjuicios.
«Voy por la vía legal. Esto no viene de ahora, ya ocurrió en campañas anteriores y hoy se volvió a repetir. Ya me superó porque no solamente me nombró a mí, sino también a mi familia», afirmó.
La respuesta llegó luego de que Orozco sostuviera que los Marinaro «son los dueños de la noche» en Rosario de la Frontera y asegurara que el padre de la diputada había sido demorado durante los comicios por un supuesto intercambio de votos por droga.
Marinaro rechazó de plano esas afirmaciones y desafió al legislador a probarlas. «Lo invito a que vaya a la Policía y consulte si mi papá, Adolfo Benito Marinaro Rodó, figura demorado por ese hecho. Eso nunca pasó. Mi padre fue esa noche a hacer una denuncia porque la Policía no quería actuar ante situaciones que se estaban dando. Él dio vuelta esa historia y armó otra completamente distinta», sostuvo.
Si bien evitó ingresar en un intercambio de acusaciones personales, la legisladora fue tajante al cuestionar que Orozco lance denuncias públicas sin respaldo judicial.
«Siempre dice que sabe dónde aterrizan avionetas, quién vende droga o quiénes son los narcotraficantes. Si realmente tiene pruebas, como legislador tiene la obligación de presentarlas en la Justicia. No alcanza con decirlo en los medios», expresó.
Marinaro explicó que el primer paso será una carta documento para exigir una retractación. «Le vamos a dar la posibilidad de que se retracte o presente las pruebas. Si no lo hace, avanzaremos judicialmente», indicó.
La diputada también recordó que la tensión política entre ambos no es nueva y se remonta a las últimas campañas electorales en Rosario de la Frontera.
«Esto desgasta a la política. La gente nos eligió para trabajar, no para andar difamando personas ni familias enteras sin una sola prueba», afirmó.
Finalmente, sostuvo que continuará con las acciones legales y evitó profundizar sobre las acusaciones, al entender que ahora deberá ser la Justicia la que intervenga.
«Si tiene pruebas, que las lleve a la Justicia. Si no las tiene, tendrá que hacerse responsable de lo que dijo», concluyó.
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