La empresa de la familia del diputado Daniel Segura volvió a quedarse con contratos provinciales por más de $130 millones, pese a que Carlos “Uluncha” Saravia denunció una presunta incompatibilidad entre la banca legislativa del dirigente y los negocios de la firma.
La historia vuelve a repetirse. Miguel Segura S.A., la empresa de la familia del diputado provincial por General Güemes, Daniel Segura, volvió a ser beneficiada con una contratación millonaria del Gobierno de Salta. Esta vez, la firma obtuvo dos renglones de una licitación para abastecer a la Copa de Leche y se quedó con contratos por $130.768.845.
La adjudicación fue formalizada mediante la Resolución 103 de la Jefatura de Gabinete y contempla la provisión de 15.555 kilos de yerba mate y 90.100 kilos de azúcar para el segundo semestre del año. Por la yerba, Miguel Segura S.A. recibirá $32.649.945 y por el azúcar, $98.118.900. En ambos casos fue la única oferente, según el Boletín Oficial.
El dato adquiere otra dimensión porque se produce apenas unas semanas después de que el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), Carlos “Uluncha” Saravia, denunciara penalmente a Daniel Segura por presunta omisión maliciosa de declaración jurada, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y coacción agravada contra un funcionario. El eje de la presentación judicial fue precisamente la relación entre el diputado y Miguel Segura S.A.
Según la denuncia de Saravia, Segura posee el 25% de las acciones de la sociedad y figura como director suplente, mientras ejerce como diputado provincial. El titular del ENRESP sostuvo que la empresa obtuvo contrataciones con el Estado por más de $674 millones entre 2021 y 2026 y cuestionó que esa participación societaria no hubiera sido informada en las declaraciones juradas del legislador.
«El 25% de la empresa pertenece a un diputado en ejercicio», planteó Saravia al fundamentar su denuncia. Y fue todavía más lejos: pidió que, mientras se analiza la situación, Miguel Segura S.A. sea excluida cautelarmente de los procesos de contratación pública. «Vamos a pedir que cautelarmente se los excluya porque seguramente pueden estar hoy compitiendo en otra licitación en los mismos términos», había advertido.
Y la advertencia terminó teniendo una respuesta bastante particular: mientras la denuncia sigue su curso, la empresa volvió a presentarse a una licitación y volvió a ganar. En esta oportunidad no solo consiguió dos de los tres renglones licitados, sino que lo hizo como única oferente en ambos. El tercer renglón, correspondiente al cacao en polvo, fue adjudicado a Francisco Pérez Sirombra por $149.698.175.
La defensa de Segura
Daniel Segura rechazó las acusaciones de Saravia y sostuvo que no existe ninguna intervención suya en los procesos de contratación del Estado. «Yo no defino contrataciones del Estado porque soy diputado y no funcionario del Ejecutivo», afirmó en declaraciones posteriores a la denuncia.
El legislador explicó además que su participación en la empresa responde a una cuestión familiar. «Somos cuatro hermanos. Cada uno tiene el 25%. El presidente de la empresa sigue siendo mi padre. Yo no tomo decisiones ni participo de las licitaciones», sostuvo.
Segura también aseguró que la firma participa de procesos públicos bajo mecanismos transparentes y dejó la definición en manos de la Justicia. «Que la Justicia diga si es incompatible o no. Si determina que cometí un delito, que me multe o me meta preso», manifestó. Y agregó: «Yo no soy el que contrata, no soy funcionario del Gobierno y no tomo ningún tipo de decisión en el proceso de compra».
En la misma línea, calificó las contrataciones de la empresa como «siempre a través de licitaciones públicas y transparentes» y sostuvo que la denuncia de Saravia buscaba desviar la discusión sobre el conflicto por las tarifas eléctricas en General Güemes.
Una nueva licitación que vuelve a poner el foco sobre la denuncia
El problema político, más allá de lo que finalmente determine la Justicia, es que la nueva adjudicación vuelve a colocar sobre la mesa exactamente la cuestión que Saravia llevó a la Procuración General: qué ocurre cuando una empresa en la que un legislador tiene participación accionaria continúa siendo contratada por el Estado.
La nueva licitación no demuestra por sí misma la existencia de un delito ni resuelve la discusión jurídica planteada por Saravia. Pero sí agrega un capítulo a una historia que ya estaba judicializada: la empresa cuestionada por el titular del ENRESP continúa participando de las compras provinciales y acaba de obtener otros $130,7 millones.
La particularidad tampoco es menor: en los dos productos adjudicados a Miguel Segura S.A., la firma fue la única que presentó oferta. Es decir, no hubo competencia entre proveedores en esos dos renglones.
Mientras tanto, la denuncia de Saravia sostiene que la empresa acumuló contrataciones públicas por $674.558.810 entre 2021 y 2026 y que la participación del diputado en la sociedad sería incompatible con esos negocios. Segura, por su parte, insiste en que no interviene en las contrataciones y que será la Justicia la que determine si existe o no una incompatibilidad.
Por ahora, hay algo que resulta imposible de ignorar: la denuncia cambió el escenario político, pero no cambió el vínculo comercial entre Miguel Segura S.A. y el Estado provincial. La empresa sigue presentándose y sigue ganando.