Pese a un fallo judicial que ordena obras urgentes, el Gobierno de Javier Milei sigue sin mover un dedo. La desidia vial convierte a la principal ruta del norte salteño en una trampa diaria.
El estado de la ruta nacional 34 ya no admite eufemismos ni promesas recicladas. Es un desastre. El principal corredor para llegar al norte de Salta está cada vez más deteriorado, con pozos que parecen cráteres, banquinas inexistentes y un riesgo permanente para quienes se animan a transitarla. Viajar por la 34 dejó de ser una cuestión de tiempo o paciencia: hoy es, literalmente, una cuestión de suerte.
La gravedad del escenario fue reconocida incluso por la Justicia. El Juzgado Federal de Tartagal admitió el amparo colectivo impulsado por el exsenador nacional Sergio Leavy y fue contundente al señalar el “grave riesgo” que implica el deterioro de la ruta. No se trata de una queja política ni de una exageración opositora, sino de un fallo judicial que expone un problema estructural que el Estado nacional decidió ignorar.
La resolución judicial también dejó al desnudo el impacto real del ajuste libertario. La desfinanciación de Vialidad Nacional durante la gestión de Javier Milei paralizó obras, frenó mantenimientos y abandonó a su suerte a un corredor clave para la producción, el comercio y la vida cotidiana del norte salteño. Menos Estado, en este caso, significa más accidentes, más daños y más peligro.
El 28 de noviembre pasado, el Juzgado le dio a la Dirección Nacional de Vialidad un plazo de 90 días para ejecutar obras urgentes en el tramo que va desde Yuto, en Jujuy, hasta Salvador Mazza, en Salta. El reloj corre: el plazo vence el próximo 28 de enero. Sin embargo, a pocas semanas de que se cumpla la orden judicial, no hay máquinas, no hay operarios y no hay señales de que algo vaya a cambiar.
Y mientras el Gobierno nacional incumple el fallo, el deterioro avanza. Los pozos crecen, el tránsito se vuelve cada vez más peligroso y el norte salteño vuelve a quedar relegado. Todo en nombre del ajuste.