A pesar de haberse emitido un decreto de Necesidad y Urgencia, donde marca que es “apremiante establecer un régimen obligatorio de exámenes toxicológicos”, la indefinición en el gobierno provincial es asombrosa.
Han transcurrido más de dos semanas desde la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 32/26, emitido el 27 de enero de 2026, que establece el narcotest a funcionarios.
En la norma, se indica que “resulta necesario y apremiante establecer un régimen obligatorio de exámenes toxicológicos”, como así también que “la implementación urgente de exámenes toxicológicos obligatorios constituye una medida indispensable que no admite dilaciones”.
Pese a ello, lo “apremiante” en el saencismo parece no ser tan riguroso, del mismo modo que la intolerancia a las “dilaciones”.
Desde la firma del Decreto a la fecha, el Gobierno sólo dispuso el show nasal del miércoles 4 de febrero en Casa de Gobierno, que lejos de aportar certezas, sólo fue una trunca maniobra distorsiva, ya que la rinoscopía no forma parte de los controles toxicológicos y menos aún, una tan poco rigurosa como la practicada al Gobernador
Por lo demás, nada se sabe aún de la operatividad del narcotest. El artículo 11 del DNU emitido por el Poder Ejecutivo, establece que el Poder Ejecutivo será el encargado de definir cuál será la “autoridad de aplicación” de los exámenes y ello se conocerá cuando se emita el decreto reglamentario, en el que también se conocerá el resto de la cuestión operativa: quién paga los estudios y qué laboratorios serán los elegidos.
Otra falencia jurídica del DNU 32/26 es que se invocó lo establecido por la constitución provincial (artículo 145) tres días después, a través del Decreto 33, que convoca a sesiones extraordinarias, que, por decisión de la mayoría oficialista, tampoco se van a concretar.
El show de la semi-rinoscopía de Sáenz anticipa lo peor para el narcotest