Indudablemente, el dictado del DNU Nro. 32 asignado por el gobierno provincial determina implementar examen toxicológico como requisito para asumir o permanecer en cargos y funciones públicos, no solo responde a una necesidad administrativa sino –primordialmente- a una necesidad política sustentada en la preocupante baja de popularidad del gobernador en funciones.
El Decreto visualiza una administración irracional por el tardío reconocimiento de una grave situación dentro del gobierno y social. Repasemos solo dos párrafos del fundamento del DNU 32.: “Que, en consecuencia, resulta necesario y APREMIANTE establecer un régimen obligatorio de exámenes toxicológicos…” .
Si es «apremiante” para el Gobierno, es porque se le fue de las manos esta problemática, o se toleraban las circunstancias graves, las cuales fundamentan el dictado de la norma.
¿Acaso todos los del gobierno volaban en “nubes de Ubéda”, o estaban impedidos de denunciar o muy comprometidos que los invalidaba a ello? Los fundamentos también expresan que es imperioso establecer la medida “como garantía de transparencia, idoneidad y aptitud en el ejercicio de la función pública”, es decir, hay un reconocimiento tácito de que esto no se cumplía o no se cumple.
Luego incluye: “Que la implementación urgente de exámenes toxicológicos obligatorios constituye una medida indispensable que no admite dilaciones ya que persigue garantizar que quienes ocupan cargos públicos lo hagan en condiciones de plena aptitud”. Entendiendo que hoy no se cumplen estas premisas y se lo hace urgido por las circunstancias políticas buscando rédito político personal, cuando la sociedad ya está dañada desde hace mucho tiempo por este flagelo.
Cuando el Poder Ejecutivo designe la Autoridad de Aplicación analizaremos este tema primordial.
El órgano responsable de la “contraprueba” deberá garantizar imparcialidad, idoneidad, libertad de acción e independencia de todo poder alcanzado por el DNU 32.
Si la Autoridad de Aplicación es reglada por cualquiera de los tres Poderes nacerá mal parida, pues no tendrá la necesaria independencia, y se corre el riesgo de lanzar una caza de brujas al mejor estilo autoritario o una sobreprotección o inmunidad. Y quedará al desnudo que este DNU responde solo a una necesidad política de un desgastado gobernador y no a una seria responsabilidad institucional.
Quizá sea atinado formalizar la participación de algún órgano federal para el cumplimiento efectivo del DNU para garantizar imparcialidad
GUSTAVO RUPERTO SÁENZ EN LA MIRA
El Mandatario diagramó una escena para anunciar este DNU que a todas luces llega forzado, hasta se invitó a un ex diputado autor que presentó una iniciativa similar al que se tuvo casi 2 años peregrinando su futuro fracaso, donde la Cámara de Diputados nunca trató su proyecto con el argumento de que “no tenía dictamen de Comisión”, exponiéndolo a un ninguneo miserable.
Como burla el martes siguiente, esa misma Cámara aprobó el Presupuesto General de la Provincia; 15 minutos dedicaron los diputados a ese trámite que tampoco tenía dictamen de Comisión. En ambas ocasiones predominó bajada de línea del Ejecutivo, en estos casos desaparece la independencia de poderes: se impone el número de bancas. Hoy ese diputado aparece alineado con Sáenz. ¿Qué cambió?
Es difícil celebrar el dictado del DNU teniendo en cuenta que Sáenz en sus listas de candidatos cobijó a legisladores/funcionarios perseguidos por la Justicia, como la actual diputada nacional Yolanda Vega, el ex Intendente Oliva de Aguas Blancas, hoy diputado y condenado por la justicia, Martinez ex Intendente de Aguas Blancas también juzgado por la Justicia, el ex Intendente de San Ramón de la Nueva Orán Marcelo Lara Gros devenido en diputado con el amparo de Sáenz también investigado por la Justicia, por citar solo algunos.
Todos sumaron para Gustavo Gobernador, el propio Sáenz también tiene deudas pendientes con la Justicia local, como el CASO HUERGO que aún sigue sin concluir.
Ya la Justicia Federal investigó, procesó y condenó a quién se benefició con este hecho de corrupción, mientras que en la justicia salteña no se definen responsables de la viabilización de esta malversación de fondos de la municipalidad de Salta, dañada con documentos truchos confeccionados en el mismo Municipio. Sáenz era su Intendente. Dos intendentes más pasaron y la Justicia oculta todo.
Lo que sigue es parte de la letra del tema UNO MISMO de Jorge Rojas,
“Y la prueba más difícil es enfrentar el camino Y sin duda la batalla que se da con uno mismo. Al final es uno Y aparece el egoísmo con su plan de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra.
Y mismo el que ignora la conciencia, el que avanza a contramano sin medir las consecuencias”.