Entre la retirada del Estado, la avanzada “provida” y el alargue de cargos, La Libertad Avanza intenta rediseñar la ciudad a su medida, con una mezcla de ajuste, moralina y conveniencia política.
La Convención Municipal se convirtió en el nuevo laboratorio de ensayo de La Libertad Avanza en Salta. Con una batería de propuestas que van desde redefinir el rol del Estado hasta meterse de lleno en debates ya saldados a nivel nacional, los convencionales libertarios avanzan con una reforma que no pasa desapercibida: menos gestión pública y más guiños ideológicos.
Uno de los ejes centrales es el corrimiento del Estado municipal del sector turístico. La idea de que la intervención pública quede restringida a “casos excepcionales debidamente fundados” no es solo una frase elegante: implica que el municipio deje de planificar y regular para convertirse en un actor secundario que observa desde la tribuna mientras el sector privado decide. Después de años en los que el turismo fue bandera de gestión, el giro no parece una modernización sino una retirada lisa y llana. Y ni siquiera dentro del propio espacio hay total convicción: algunos libertarios ya dejan trascender que podrían retroceder.
Pero donde la discusión se vuelve más áspera es en la incorporación del “derecho a la vida desde la concepción” en la Carta Municipal. Bajo el argumento de “blindar” derechos, lo que se intenta es colar en el plano local un debate que el Congreso ya resolvió con la legalización del aborto. No es una simple declaración simbólica: es un gesto político que busca tensionar el marco legal vigente y posicionar a la ciudad en una cruzada ideológica que excede sus competencias. La pregunta es obvia: ¿qué tiene que ver la Carta Municipal con la fecundación biológica?
En paralelo, los libertarios piden exigencias como título secundario obligatorio, “ficha limpia”, controles a deudores alimentarios y hasta exámenes toxicológicos. Un combo que mezcla demandas razonables con otras que rozan el show punitivo. La vara moral se eleva, pero también se estiran los plazos de permanencia.
Otro punto que aparece como bandera es el tope a la publicidad oficial: un 0,35% del presupuesto. La propuesta suena, en la superficie, como un avance en transparencia. Sin embargo, llega en un contexto donde el discurso libertario suele demonizar la comunicación estatal sin diferenciar entre propaganda y acceso a la información pública. La clave estará, si es que avanza, en cómo se reglamente: porque la discrecionalidad no desaparece con un número, solo cambia de forma.
Mientras tanto, en la Convención, el debate sigue: entre quienes ven una modernización necesaria y quienes sospechan que, detrás del discurso de la libertad, se esconde una reescritura bastante selectiva y anticuada de las reglas de juego.