La concejal de Capital empezó a recorrer el interior para mostrar las penurias. Orozco no dice nada de la responsabilidad de su jefe Alfredo Olmedo por esa pobreza estructural.
“No te compres los discursos de los políticos, las palabras lindas. Abrí los ojos y mira la realidad: este es el resultado de la corrupción. La plata que debería ir a salud está yendo a las campañas”. Quien habla no es una persona ajena a la política, aunque lo parece. Se trata de María Emilia Orozco, concejal de Salta Capital y precandidata a diputada nacional.
Mientras Orozco habla y camina, de fondo se ven ambulancias abandonadas, probablemente de alguna localidad del interior salteño. La acusación es simplemente un show que forma parte de su campaña porque, a pesar de ser funcionaria pública, no ha radicado denuncia alguna sobre el supuesto desvió de fondos.
Por supuesto, la dirigente del partido “Ahora Patria” nada dice sobre la corresponsabilidad de su jefe político Alfredo Olmedo en las desigualdades sociales y económicas que vive la provincia, pues la pobreza estructural de hoy es una consecuencia de las políticas adoptadas durante los 24 años de gobiernos a cargo de sus aliados Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey.
Este medio ya había advertido que Orozco lanzó su precandidatura anunciando que distribuiría los $337.732 que percibe de aguinaldo a distintas “causas donde podamos ayudar”, propio del caritativismo que supo marcar a fuego el empresario sojero de la campera amarilla.
A su vez, la concejal capitalina también niega que hayan pagado su precandidatura a Javier Milei- como sucedió en muchos casos en todo el país- y se ufana que la campaña es costeada por Olmedo con fondos propios. Una vez más, omite incursionar en las acciones que le permitieron a Olmedo amasar una buena fortuna sin haber trabajado mucho.
Cabe recordar que la Administración Urtubey le condonó a la empresa de la familia Olmedo una deuda millonaria por Salta Forestal. Fue por las exenciones impositivas otorgadas por la explotación de esos terrenos, cuyo monto ascendía a 300 millones de pesos en 2018, cuando la Corte de Justicia convalidó los beneficios.
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