Si bien la Constitución establece que los jueces del Máximo Tribunal provincial “no pueden ser nombrados nuevamente”, el gobernador postuló una vez más a las actuales juezas Gauffín y Rodríguez Faraldo.
El gobernador firmó los decretos por los que se instruye al ministerio de Gobierno y Justicia a dar inicio al proceso participativo (Ley provincial 8311), ante su postulación en favor de María Alejandra Gauffín y Adriana Rodríguez Faraldo, para renovar su cargo como juezas de la Corte de Justicia de Salta.
Las magistradas nombradas, fueron nombradas por Gustavo Sáenz en el inicio de su gestión (verano del año 2020), cuando el mandatario amplió la cantidad de integrantes de la Corte de Justicia de siete a nueve integrantes, convocando para ello a sesiones extraordinarias para reformar la Ley orgánica del Poder Judicial.
De esta forma, Sáenz totaliza cuatro postulaciones para la Corte de Justicia en lo que va del año y nuevamente extiende el período de sus jueces por encima de lo establecido por la Constitución provincial, que en su artículo 156, establece claramente un plazo de diez años.
En efecto, con la nueva postulación, una vez que el Senado preste acuerdo, Gauffín y Rodríguez Faraldo, totalizarán 16 años en la Corte, al igual que Teresa Ovejero (actual presidenta) y Pablo López Viñals.
Sobre la Constitución provincial, hay otro punto que abre una polémica, el artículo 156 establece con claridad que los jueces de la Corte “duran diez años en sus funciones, no pudiendo ser nombrados nuevamente”.
Se trata de un artículo que fue reformado en la convención del año 2021, la que impulsó el actual Gobierno, el mismo que –al igual que con la comisión de Auditoría de Diputados-, se encarga de transgredir.
Ante ello, la insistencia de Sáenz con las actuales juezas nuevamente propuestas en sus cargos, debería al menos ser observada por la sociedad civil, por la ciudadanía y por la oposición.